Durante 2024, el aumento en las cuotas de las prepagas se convirtió en uno de los temas más calientes del año. Y no es para menos: fueron los servicios que más subieron, incluso muy por encima de la inflación. Mientras que el costo de vida creció un 127,8% en 2023, las prepagas treparon un 124%, lo que generó una fuerte presión sobre el bolsillo, especialmente en la clase media y entre los jubilados, que ven cómo se les va gran parte del ingreso solo en mantener la cobertura médica.
Lo más llamativo del caso es que el mismo Gobierno de Javier Milei, que ahora busca frenar los aumentos, fue quien les soltó la rienda al principio de su gestión, permitiendo la libre fijación de precios. Las empresas de medicina privada aprovecharon y empezaron a aumentar casi mes a mes, generando preocupación y enojo entre los afiliados.
¿Qué quiere hacer ahora el Gobierno?
Con la inflación empezando a bajar (en enero fue del 2,2%), el Ejecutivo analiza sacar un decreto para ponerle límites a los aumentos de las prepagas. La idea es que ya no puedan aplicar subas generales a todos los afiliados, sino que los ajustes tengan que diferenciarse según el plan contratado.
Además, en el caso de los adultos mayores, el Gobierno quiere que el valor de sus planes no pueda ser más del triple de lo que se les cobra a los más jóvenes, buscando evitar que los jubilados terminen pagando cifras imposibles solo por su edad.
Aumentos que no paran
En enero de este año, las prepagas aplicaron aumentos que rondaron entre el 3% y el 3,9%, según el plan. Esto fue casi el doble de la inflación general del mes. Las empresas argumentan que el costo del sistema de salud es más alto que el promedio de precios y que necesitan esos ajustes para sostener la calidad de los servicios. Sin embargo, muchos usuarios sienten que están pagando mucho más por lo mismo, y que las subas no están justificadas.
Denuncia por cartelización
El Gobierno no solo se quedó en la intención de frenar los aumentos. También decidió llevar a la Justicia a varias empresas por supuesta cartelización. ¿Qué quiere decir esto? Que habrían pactado entre ellas los aumentos, algo totalmente prohibido.
Las firmas apuntadas por esta maniobra son: Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE. También fue imputada la Unión Argentina de Salud (UAS) y su presidente, Claudio Belocopitt, una figura reconocida en el sector.
La Secretaría de Industria y Comercio informó que la investigación estará a cargo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), que tiene hasta 90 días hábiles para producir las pruebas. Si es necesario, puede prorrogarse por otros 90 días. Una vez terminado ese proceso, las empresas tendrán seis días para presentar sus defensas.
La ley que se está aplicando es clara: los cárteles son considerados una práctica gravísima, ya que impiden la libre competencia. Básicamente, si varias empresas se ponen de acuerdo para subir precios al mismo tiempo, los usuarios quedan atrapados, sin opciones para elegir un servicio más económico.
¿Y ahora qué?
Toda esta situación dejó a muchos afiliados en una especie de limbo. Por un lado, necesitan mantener su cobertura médica, pero por el otro, las cuotas se volvieron imposibles de pagar. Las redes sociales y las oficinas de atención al cliente explotaron con quejas, y cada vez más personas están bajando de plan o directamente dándose de baja.
Desde el Gobierno aseguran que buscan proteger a los usuarios sin desfinanciar al sistema de salud privado, pero el equilibrio no parece fácil. La tensión entre «dejar que el mercado funcione solo» y «poner límites para evitar abusos» quedó expuesta, sobre todo en un rubro tan sensible como la salud.
