El Senado de la Nación sancionó de manera definitiva el Presupuesto Nacional correspondiente al ejercicio 2026, una iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei que el oficialismo calificó como un punto de inflexión en la historia fiscal reciente del país. La norma fue aprobada con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención, y se convirtió en la primera ley de gastos y recursos aprobada sin déficit fiscal en varias décadas, según destacó el propio Gobierno.
Tras la votación, el presidente Milei celebró públicamente la sanción del proyecto y remarcó su carácter inédito. Desde el Poder Ejecutivo subrayaron que el nuevo presupuesto se apoya en un esquema de equilibrio de las cuentas públicas, con superávit tanto primario como financiero, alineado con el programa económico que la actual administración viene implementando desde su llegada al poder.
El Presupuesto 2026 establece un volumen total de gastos del orden de los 148 billones de pesos. Dentro de ese marco, se proyecta un superávit primario equivalente al 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI) y un superávit financiero del 0,2%, cifras que reflejan la prioridad que el Gobierno asigna al orden fiscal. En paralelo, las estimaciones macroeconómicas incluidas en el texto prevén un crecimiento del PBI del 5% para el año próximo, acompañado por una inflación anual del 10,1%.
En materia cambiaria, el proyecto fija una proyección de tipo de cambio oficial de 1.423 pesos por dólar para diciembre de 2026. A su vez, se espera un desempeño positivo del sector externo, con un incremento de las exportaciones del 10,6% hacia el cierre del próximo año, lo que el Ejecutivo considera clave para sostener el crecimiento económico y fortalecer las reservas.
Entre los principales destinos del gasto, el Presupuesto asigna 4,8 billones de pesos a las universidades nacionales, al tiempo que contempla aumentos en distintas áreas sensibles. Según el texto aprobado, el gasto previsional tendrá un incremento del 5%, el presupuesto destinado a salud crecerá un 17% y el correspondiente a educación aumentará un 8%. No obstante, estas cifras convivieron con fuertes debates en el recinto, especialmente por los cambios introducidos en el financiamiento educativo, científico y tecnológico.
Uno de los capítulos más controversiales fue el Capítulo 2 del proyecto, que incluye los artículos 12 y 30. Finalmente, ambos fueron aprobados, pese a los cuestionamientos de sectores de la oposición y de representantes del ámbito académico y científico. El artículo 30 establece la derogación de una serie de normas que fijaban porcentajes mínimos obligatorios de inversión en áreas estratégicas como educación, ciencia, tecnología y defensa.
En concreto, la ley elimina la meta que establecía una inversión equivalente al 6% del PBI en educación, tal como estaba prevista en la Ley de Educación Nacional y en la Ley de Financiamiento Educativo. Además, reduce fondos destinados a la educación técnica y modifica partidas asignadas al sistema científico. También se derogan disposiciones de la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que preveían un aumento progresivo del presupuesto del sector hasta alcanzar el 1% del PBI en el año 2032.
Otro cambio relevante es la eliminación del artículo 52 de la Ley de Educación Técnico Profesional, que garantizaba un piso de financiamiento para el Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FONETP) equivalente al 0,2% de los ingresos corrientes del Presupuesto Nacional. En la misma línea, se suprime el inciso 1 del artículo 4 de la Ley del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), que fijaba un financiamiento mínimo del 0,35% de los ingresos corrientes. Todas estas modificaciones comenzarán a regir a partir del ejercicio fiscal 2026.
Por su parte, el artículo 12 introduce cambios en el mecanismo de asignación de recursos a las universidades nacionales. Si bien se confirma el monto global destinado al sector, el texto establece nuevas condiciones para el acceso efectivo a esos fondos. Las casas de altos estudios deberán presentar información detallada sobre la asignación, ejecución y evaluación de los recursos que reciben ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
El Presupuesto faculta al Gobierno nacional a suspender las transferencias en caso de que las universidades no cumplan con la presentación de esa información en los plazos y formas establecidos. Desde el oficialismo, sostienen que esta medida apunta a mejorar la transparencia y el control del gasto público, mientras que desde sectores críticos advierten sobre un posible condicionamiento del financiamiento universitario.
Con la sanción del Presupuesto 2026, el Gobierno de Javier Milei consolida una de las piezas centrales de su programa económico, basada en el equilibrio fiscal, la reducción del déficit y la redefinición del rol del Estado en áreas clave. No obstante, el alcance de los cambios introducidos anticipa un escenario de debate político y social que continuará a lo largo del próximo año, especialmente en lo referido a educación, ciencia y políticas públicas estratégicas.
