El bloque opositor en el Congreso impulsa un proyecto para incrementar los recursos destinados a las Universidades Nacionales, con la intención de garantizar una recomposición presupuestaria acorde a la inflación y fortalecer la inversión en educación superior. Esta iniciativa busca además sentar las bases para la actualización periódica de los fondos, la mejora salarial del personal docente y no docente, y asegurar un presupuesto anual que represente al menos un punto del Producto Bruto Interno (PBI).
Puntos centrales del proyecto
Uno de los aspectos más destacados de esta propuesta es la recomposición de los gastos universitarios desde mayo hasta diciembre de 2024, seguida de una actualización bimestral a partir de enero de este año, alineada con los datos oficiales de inflación. De esta manera, se pretende evitar que la financiación quede rezagada frente al aumento constante de precios, lo cual ha sido un problema recurrente en la gestión educativa.
El proyecto establece que los recursos adicionales deberán ser destinados no solo al funcionamiento básico de las casas de estudio, sino también a sectores clave como los hospitales universitarios, la investigación en Ciencia y Técnica, y las actividades de extensión universitaria que conectan a las universidades con las comunidades y el entorno social.
Además, dentro del paquete de medidas, se incluye una partida especial de 100 millones de pesos destinada específicamente a financiar las denominadas carreras estratégicas. Estas son áreas del conocimiento consideradas prioritarias para el desarrollo científico, tecnológico y productivo del país, y que requieren un respaldo económico adicional para consolidar su oferta educativa y capacidad investigativa.
Actualización salarial y condiciones laborales
Otro de los ejes fundamentales de la propuesta es la cuestión salarial. El texto plantea que el Estado debe compensar la diferencia que existe entre los aumentos salariales ya otorgados al personal universitario desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la fecha en que se sancione esta ley, y la inflación registrada en ese período. Asimismo, se propone que, una vez aprobado el incremento, los salarios se actualicen cada dos meses con un ajuste mínimo que siga la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Por otra parte, la iniciativa establece que durante 2025 se debe completar la incorporación al básico del convenio colectivo de trabajo de todas las sumas que actualmente se pagan como no remunerativas y no bonificables. Esto implica que esos conceptos salariales que no forman parte del sueldo básico regular, y que suelen tener menor impacto en los cálculos previsionales y beneficios laborales, se integren formalmente al salario básico, mejorando así la estabilidad y previsibilidad del ingreso para los trabajadores universitarios.
Transparencia y control
En términos de transparencia y rendición de cuentas, el proyecto propone que la Auditoría General de la Nación (AGN) asuma un rol activo en el control administrativo externo de las instituciones universitarias públicas. La AGN tendrá la responsabilidad de auditar los recursos y gastos de estas casas de estudio, y deberá remitir al Congreso los informes correspondientes, junto con un plan de seguimiento y control que permita supervisar la correcta utilización de los fondos asignados.
Esta medida busca garantizar que el incremento presupuestario se emplee de manera eficiente y que las universidades rindan cuentas de la gestión económica ante los organismos competentes y la sociedad en general.
Importancia y contexto
La iniciativa de los bloques opositores surge en un contexto de creciente preocupación por la situación financiera de las universidades nacionales, que en los últimos años han visto afectado su presupuesto debido a la inflación y a la falta de adecuación en la asignación de recursos. La educación superior pública es considerada un pilar fundamental para el desarrollo social y económico del país, por lo que garantizar su financiamiento adecuado se vuelve una prioridad para asegurar la calidad académica, la investigación científica y el acceso equitativo a la educación.
En este sentido, el proyecto busca establecer un mecanismo de actualización automática del presupuesto que evite futuros atrasos y pérdidas de poder adquisitivo, así como asegurar la participación de los trabajadores universitarios en la mejora de sus condiciones laborales mediante paritarias periódicas y adecuadas.
Perspectivas
Ahora, el proyecto deberá atravesar el proceso legislativo correspondiente, enfrentando posibles debates en ambas cámaras del Congreso. Se espera que este tema genere amplio interés y discusiones tanto en el ámbito político como en la comunidad universitaria, donde sindicatos, docentes, investigadores y estudiantes observan con atención la evolución de esta propuesta.
De aprobarse, la ley significaría un paso importante hacia la sostenibilidad financiera de las universidades públicas y el reconocimiento de la importancia de la educación superior en el desarrollo del país, con un compromiso explícito de actualizar los recursos y mejorar las condiciones salariales de quienes trabajan en ellas.
