Un informe confidencial de la Sala de Situación de la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía Federal ha encendido las alertas en el Ministerio de Seguridad, dirigido por Patricia Bullrich, sobre un creciente malestar en las fuerzas de seguridad federales, con especial énfasis en la Gendarmería Nacional y la Policía Aeroportuaria. Según el documento, los efectivos de estas fuerzas están organizando concentraciones en diversas ciudades del país para reclamar por sus condiciones salariales, que consideran insuficientes para afrontar la creciente inflación y el aumento de los costos de vida. Este malestar, hasta ahora contenido en el ámbito interno de las fuerzas, comienza a tomar forma pública, reflejando la desconfianza que se ha generado entre los agentes hacia la administración de Javier Milei, que prometió durante su campaña una política de ajuste y racionalización del gasto público.
La convocatoria a la protesta
El informe al que tuvo acceso Página/12 detalla las movilizaciones que se realizarán el próximo lunes 10 de febrero, con concentraciones de gendarmes y sus familias en diferentes puntos del país: el Edificio Centinela en el Puerto de Buenos Aires, el Monumento a la Bandera en Rosario, la Plaza San Martín en Jesús María (Córdoba), la Plaza Belgrano en San Salvador de Jujuy y la Plaza San Martín de Tartagal, en Salta. La cita será a las 9 de la mañana, y el informe también apunta que los organizadores no descartan ampliar el alcance de las movilizaciones en caso de que el Gobierno no se haga eco de sus demandas.
Según las estimaciones preliminares, miles de gendarmes participarán de estas concentraciones, un número que podría aumentar si las respuestas del Ministerio de Seguridad no logran satisfacer las expectativas de los efectivos. Se estima que las protestas estarán compuestas principalmente por agentes de base, pero también podría sumarse personal administrativo y familiar de los uniformados, que se sienten igualmente afectados por la crisis económica que atraviesa el país.
El contexto salarial y la creciente tensión
Uno de los elementos más críticos en el informe es la referencia al desajuste salarial que sufren los efectivos. Según testimonios que se incluyen en el documento, varios gendarmes con hasta 15 años de servicio aseguran que sus sueldos actuales rondan los 800.000 pesos mensuales, un monto que consideran insuficiente para cubrir los gastos básicos de una familia en el contexto actual de inflación y alta disparidad entre los salarios y el costo de vida.
Por ejemplo, un gendarme de Buenos Aires relató que a pesar de su antigüedad, la remuneración no le permite sostener a su familia de manera digna. «Con 15 años de servicio, mi sueldo no me alcanza ni para pagar la hipoteca, los estudios de mis hijos y el transporte. Muchos compañeros ya tienen que trabajar en otra actividad para llegar a fin de mes», dijo uno de los efectivos en la entrevista. Esta situación se repite en otros testimonios, lo que explica la creciente frustración dentro de las filas de la Gendarmería, cuyo rol en la gestión de seguridad y control de protestas ha sido esencial en los últimos años.
Los reclamos: más que un problema salarial
Más allá del reclamo salarial, los gendarmes han comenzado a hacer públicas otras preocupaciones que afectan su bienestar y su capacidad operativa. La falta de insumos, el deterioro de las condiciones de trabajo y el desgaste de los vehículos de patrullaje son algunos de los puntos mencionados por los efectivos en los informes internos. Varios gendarmes expresaron que muchos de los equipos con los que trabajan están obsoletos y en mal estado, lo que pone en riesgo tanto su seguridad como la de la ciudadanía a la hora de realizar intervenciones en terreno.
A nivel estructural, también se menciona la falta de una política de salud mental adecuada para los efectivos, quienes muchas veces deben enfrentar situaciones extremas durante sus intervenciones. La presión por mantener el orden público, la constante exposición a riesgos y la carga emocional derivada de situaciones como el control de disturbios y la represión de manifestaciones sociales generan un impacto psicológico que no siempre es atendido por el Estado. Este tema, aunque no aparece de manera explícita en el informe de inteligencia, ha sido señalado por sindicatos y organizaciones de derechos humanos que monitorean el bienestar de los efectivos.
La respuesta oficial del Ministerio de Seguridad
Ante el panorama de creciente descontento, desde el Ministerio de Seguridad se ha hecho saber que se están evaluando las condiciones salariales y laborales de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, también se ha dejado en claro que el ajuste en los salarios de las fuerzas federales es parte de una política fiscal global que persigue la austeridad y la racionalización del gasto público, en línea con las promesas de campaña del presidente Milei.
El Gobierno, según fuentes cercanas a la ministra Bullrich, entiende la necesidad de dialogar con los representantes de los gendarmes, pero también se ha mostrado firme en su postura de no ceder a presiones que puedan desestabilizar el orden institucional. «La austeridad fiscal es clave para mantener el equilibrio económico del país. Por supuesto que escuchamos las demandas de nuestros efectivos, pero no podemos permitirnos un gasto fuera de lo presupuestado», comentó un alto funcionario del Ministerio de Seguridad en condición de anonimato.
A pesar de los intentos de dar respuesta a las quejas, muchos gendarmes han señalado que el Gobierno ha mostrado poco interés en abordar el problema de fondo: la baja retribución y las pésimas condiciones laborales. En la práctica, los aumentos salariales han sido mínimas, lo que ha generado una sensación de abandono en el interior de las fuerzas.
El trasfondo político: ¿un golpe a la imagen de la ministra Bullrich?
El descontento en las fuerzas de seguridad también podría tener un impacto en la figura de Patricia Bullrich, una de las figuras más cercanas al presidente Milei y uno de los pilares del gobierno en materia de seguridad. La ministra ha sido señalada como la principal artífice del actual protocolo de seguridad interna que, a pesar de haber recibido apoyo en algunos sectores, ha generado fuertes críticas en otros por su enfoque represivo y autoritario. En este contexto, la protesta de los gendarmes se presenta como una forma de resistencia a una gestión que, aunque en muchos casos ha contado con el respaldo del sector, también está viendo cómo se quiebran sus bases internas debido a la falta de atención a las demandas salariales y laborales.
El gremialismo de las fuerzas de seguridad ha sido históricamente un sector con mucho peso político. Un conflicto en este sentido podría derivar en presiones adicionales hacia la ministra Bullrich, que ya enfrenta críticas por las políticas de seguridad y la falta de un plan claro en cuanto a la mejora de las condiciones laborales de los efectivos.
Un futuro incierto
En los próximos días, la situación podría escalar aún más. Las concentraciones del 10 de febrero servirán como un termómetro para medir el nivel de descontento de los gendarmes, y si no hay respuestas satisfactorias por parte del Gobierno, es posible que las protestas se intensifiquen. En este escenario, el Gobierno tendrá que decidir si cede ante las demandas de los gendarmes o si continúa con su política de ajuste, arriesgándose a un desgaste mayor en la imagen de sus fuerzas de seguridad, esenciales para la implementación de políticas públicas.
La solución a este conflicto no parece sencilla. Si bien la austeridad fiscal es un mandato del Ejecutivo, la necesidad de mantener el orden y la moral en las fuerzas de seguridad podría obligar al gobierno de Milei a reconsiderar su postura, al menos en lo que respecta a la remuneración y las condiciones de trabajo de sus efectivos. La capacidad de respuesta de la ministra Bullrich será clave para que el descontento no se transforme en un desafío mayor a la estabilidad del gobierno y la seguridad interna del país.
