En una jornada marcada por la tensión social y el creciente malestar frente al ajuste impulsado por el Ejecutivo, la Policía Federal reprimió con violencia una protesta pacífica organizada por jubilados frente al Congreso de la Nación. El motivo de la manifestación era expresar el rechazo al inminente veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso semanas atrás.
La represión, que incluyó gases lacrimógenos, golpes con bastones policiales y empujones, se desató cuando integrantes de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL) intentaron desplegar una fila de carteles y pancartas en las inmediaciones del Palacio Legislativo. “Nos tiraron gases en la cara, nos pegaron sin razón, fue una locura total”, relató Rogelio, uno de los manifestantes, visiblemente afectado.
La protesta se desarrollaba de manera pacífica hasta que, según testigos, efectivos comenzaron a bloquear el avance de los manifestantes y luego avanzaron para desalojarlos con violencia. “No se nos permitió ni siquiera armar la fila. Apenas intentamos acomodarnos, la policía nos rodeó y empezó a golpear”, denunció otro jubilado presente en el lugar.
El Gobierno justificó la represión: “No importa la edad ni el origen de quien rompa el orden”
Lejos de emitir un pedido de disculpas o expresar preocupación por el uso desmedido de la fuerza contra adultos mayores, desde el Gobierno nacional se defendió el accionar policial. A través de voceros del Ministerio de Seguridad, la Casa Rosada aseguró que “cualquier persona que altere el orden público será reprimida, sin importar su edad, afiliación o condición social”.
La frase encendió una inmediata respuesta de dirigentes políticos de la oposición, organizaciones de derechos humanos y agrupaciones sociales. Desde Unión por la Patria (UxP), el principal bloque opositor en el Congreso, emitieron un duro comunicado: “De pegarle a un jubilado no se vuelve. Esto marca una línea que no debe cruzarse en democracia”.
El senador Eduardo “Wado” de Pedro fue uno de los primeros en pronunciarse: “Milei no solo ajusta brutalmente a los jubilados, sino que ahora los reprime cuando piden que se respete una ley votada por el Congreso. Esto es autoritarismo puro”.
La ley vetada y la crisis del sistema previsional
El trasfondo de la protesta está directamente ligado a la decisión del presidente Javier Milei de vetar la ley de movilidad jubilatoria recientemente aprobada por ambas cámaras legislativas. La norma contemplaba una actualización mensual automática de los haberes previsionales, basada en un índice combinado de inflación y salarios, y buscaba recomponer el poder adquisitivo perdido por millones de jubilados en los últimos años.
El Gobierno, sin embargo, rechazó el proyecto alegando que su implementación pondría en riesgo el equilibrio fiscal. “No vamos a comprometer el déficit cero por una ley irresponsable”, afirmó Milei días atrás, adelantando el veto.
Actualmente, los haberes jubilatorios en Argentina se encuentran en niveles alarmantemente bajos. Según estimaciones del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, más del 60% de los jubilados perciben ingresos por debajo de la línea de pobreza. La canasta básica para adultos mayores supera ampliamente los $400.000 mensuales, mientras que la jubilación mínima ronda los $215.000.
Preparan una gran movilización nacional para el 20 de septiembre
Como respuesta a la represión y al veto presidencial, desde la UTJL y otras organizaciones sociales y gremiales ya comenzaron a organizar una movilización nacional para el próximo 20 de septiembre. El objetivo es visibilizar el deterioro de las condiciones de vida de los adultos mayores y reclamar por una política previsional más justa y sostenible.
“Nos están condenando al hambre y ahora también a la violencia. Pero no nos vamos a quedar callados. El 20 de septiembre vamos a llenar las calles con bastones, pancartas y dignidad”, afirmó Norma, una de las referentes de la UTJL, quien también sufrió agresiones durante la represión del miércoles.
Sindicatos como la CTA, ATE, y distintos sectores del Frente Sindical por un Modelo Nacional ya expresaron su respaldo a la movilización. También lo hicieron agrupaciones estudiantiles, de trabajadores estatales y organismos de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo y la APDH.
Condena de organismos y preocupación internacional
La represión a jubilados también generó reacción internacional. Desde Amnistía Internacional se emitió un breve comunicado en el que se expresó “preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza pública contra personas mayores que ejercían su derecho a manifestarse”. La organización Human Rights Watch también solicitó información al Gobierno sobre el protocolo de actuación de las fuerzas federales y advirtió que “el derecho a la protesta pacífica debe ser garantizado en todo contexto democrático”.
En el plano local, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires abrió una investigación de oficio y solicitó informes a la Policía Federal sobre lo sucedido. “No puede naturalizarse la violencia estatal contra jubilados. Es inadmisible”, expresó su titular.
Un gobierno decidido a sostener el ajuste
Mientras tanto, el Ejecutivo reafirma su postura de no retroceder en su política de ajuste y orden fiscal. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, evitó pronunciarse sobre la represión, aunque reiteró que “los recursos son limitados” y que el país “no puede seguir gastando lo que no tiene”.
El presidente Milei, por su parte, se mostró activo en redes sociales, pero no se refirió directamente al episodio. En su lugar, compartió mensajes celebrando los niveles de inflación intermensual y defendiendo el superávit fiscal como “la madre de todas las batallas”.
Un punto de inflexión
La represión a jubilados por parte de fuerzas federales frente al Congreso marca un punto de inflexión en la escalada de tensión social que vive el país. A la crisis económica, el recorte de programas sociales y la caída del poder adquisitivo, se le suma ahora la criminalización de la protesta, incluso en sectores tradicionalmente pacíficos como los adultos mayores.
El 20 de septiembre será, con toda seguridad, una prueba de fuego para el Gobierno. Lo que está en juego no es solo una ley o una fórmula de movilidad, sino el derecho de millones de ciudadanos a manifestarse y a exigir una vejez digna.
