Referentes de pueblos originarios en Salta rechazaron con firmeza el mensaje institucional del Gobierno nacional difundido el 12 de octubre, donde se presentó la llegada de Cristóbal Colón como el inicio de una «era de progreso y civilización». Para las comunidades indígenas, esa fecha representa el comienzo de un genocidio, de la invasión y del despojo de sus tierras y culturas, una herida que sigue abierta y una resistencia que aún continúa.
Durante los últimos años, esa jornada dejó de celebrarse como el “Día de la Raza” y comenzó a resignificarse como un momento para valorar la diversidad cultural y reconocer las violencias del pasado. Sin embargo, el actual gobierno difundió un video en la red X (ex Twitter) elogiando la figura de Colón, lo que generó una fuerte reacción entre líderes indígenas.
Desde Orán, Marianela Mena, abogada y presidenta de la Comunidad Ava Guaraní Los Constituyentes, fue contundente: “El 12 de octubre es un día de luto, no de civilización. Antes vivíamos en armonía, con nuestras propias formas de organización y en paz con la naturaleza. Esta fecha marca el inicio de nuestra tragedia”. Para Mena, el verdadero símbolo es el 11 de octubre, último día de paz para sus pueblos.
Rosa Rodríguez, maestra wichí en la Comunidad Carboncito de Embarcación, también cuestionó el mensaje oficial. Para ella, esa fecha recuerda el comienzo de una masacre. «Apenas Colón puso un pie en América, empezaron a matar a nuestros pueblos», sostuvo, y denunció las violencias sexuales, asesinatos y violaciones de derechos que sufrieron sus antepasados.
David Torres, presidente de la Comunidad Lule de Finca Las Costas, señaló que el discurso del Gobierno representa un retroceso simbólico importante. Criticó la utilización del concepto de “raza”, ampliamente superado en el pensamiento actual, y lo consideró un agravio a los derechos de los pueblos originarios.
Nelson Campos, referente de la Comunidad Wichí El Algarrobal, también repudió el mensaje presidencial. “Este presidente parece tener la misma lógica que quienes iniciaron el exterminio de nuestros pueblos”, dijo. Aseguró que el Estado está siendo desmantelado en beneficio de corporaciones, y criticó los discursos oficiales por fomentar el odio y el racismo. “Resistiremos, como siempre lo hemos hecho”, afirmó.
Las críticas también alcanzaron a figuras provinciales como la diputada nacional Emilia Orozco (La Libertad Avanza), quien fue acusada de discriminación por sus declaraciones sobre pueblos originarios. Mena le respondió: “Desconoce completamente nuestra realidad. Hemos avanzado con educación, lucha y organización, no con violencia. Hay profesionales indígenas formados en múltiples disciplinas, y seguiremos preparándonos para ocupar espacios de decisión”.
Los líderes indígenas denunciaron, además, retrocesos concretos en materia de derechos. Entre ellos, el desmantelamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la eliminación de leyes de protección territorial y el posible cierre del programa de educación intercultural bilingüe. “Eliminar ese programa es borrar nuestra lengua y cultura”, advirtió Rodríguez.
También alertaron sobre la eliminación de la Ley 26.160, que protege a las comunidades de desalojos. La falta de acceso a información legal y de talleres en territorio deja a las comunidades desprotegidas. Rodríguez pidió capacitaciones sobre leyes de territorio y derechos indígenas dentro de las propias comunidades.
El avance de la deforestación, la falta de viviendas dignas y la exclusión del acceso a servicios básicos siguen siendo problemas estructurales. El cierre del programa de relevamiento territorial y la imposición del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) también fueron señalados como amenazas. Según Torres, el artículo 75 inciso 17 de la Constitución exige que las comunidades participen en la gestión de sus recursos, algo que el nuevo régimen ignora por completo.
Finalmente, los referentes denunciaron una pérdida acelerada de derechos, no solo en lo normativo, sino también en lo político, judicial y simbólico. Campos advirtió sobre la alianza entre sectores del poder político y judicial que frena los reclamos de las comunidades. A pesar de todo, reafirmaron su compromiso con la resistencia y la defensa de sus derechos: «Estamos aquí para sobrevivir y luchar, como lo venimos haciendo desde hace más de 500 años».
