La acción conjunta de organizaciones sociales, vecinales e instituciones barriales logró detener la demolición de un conventillo ubicado en el barrio porteño de La Boca, un inmueble con más de tres décadas de historia habitacional que había sido desalojado recientemente. La intervención judicial y comunitaria permitió frenar, al menos de manera momentánea, una medida que hubiera dejado definitivamente sin hogar a varias familias que residieron allí durante gran parte de sus vidas.
La Red de Cooperación de La Boca, integrada por organizaciones sociales, políticas y comunitarias del barrio, fue clave para impedir el avance del operativo. Según informaron desde el espacio, el edificio afectado se encuentra en la calle Melo al 580 y 586, donde hasta hace pocos días vivían siete familias que fueron obligadas a abandonar sus viviendas tras un procedimiento realizado por la Guardia de Auxilio de la Ciudad de Buenos Aires.
El desalojo se llevó a cabo bajo el argumento de que los inmuebles presentaban riesgo de derrumbe. Sin embargo, las familias denunciaron que no se les permitió regresar a las viviendas para retirar sus pertenencias personales, documentación ni medicamentos esenciales, quedando en una situación de extrema vulnerabilidad y sin recibir asistencia estatal inmediata. Cabe destacar que las personas afectadas no eran ocupantes recientes, sino residentes históricos que llevaban más de 30 años viviendo en el conventillo, consolidando allí sus lazos familiares, sociales y laborales.
Este episodio ocurre en un contexto especialmente sensible para el barrio de La Boca. Apenas una semana antes, la zona había sido noticia por el incendio de otro conventillo, tragedia que provocó que varias familias quedaran en la calle y que culminó con la muerte de una mujer. Ese hecho reavivó el debate público sobre las condiciones de habitabilidad de las viviendas populares, la falta de mantenimiento estructural y la ausencia de políticas integrales que garanticen el derecho a una vivienda digna en los sectores más postergados de la ciudad.
Durante la mañana del miércoles se montó un operativo en el lugar con el objetivo de avanzar en la demolición del inmueble desalojado. La presencia de maquinaria y personal generó alarma entre vecinos y organizaciones barriales, que rápidamente se movilizaron para acompañar a las familias afectadas y exigir la suspensión de la medida. Gracias a la intervención de estas organizaciones y a una presentación judicial urgente, la demolición finalmente no se concretó.
Desde el Grupo de Vivienda y Hábitat de La Boca informaron que brindaron asesoramiento legal a las familias para que se comunicaran con el Ministerio Público de la Defensa del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo principal fue solicitar una revisión del procedimiento de clausura y exigir que se evaluara de manera integral la situación del inmueble, teniendo en cuenta tanto las condiciones edilicias como los derechos de quienes lo habitaron durante décadas.
A través de un oficio formal, las organizaciones reclamaron que se suspendiera cualquier intento de demolición hasta que se realizara un análisis exhaustivo de la situación, con informes técnicos claros y con la participación de los organismos competentes. Asimismo, solicitaron que se garantizara el acceso de las familias a sus pertenencias y que se les brindara asistencia habitacional y social adecuada.
Según relataron desde la Red de Cooperación, el responsable de la Guardia de Auxilio que se encontraba en el lugar comprendió el reclamo y decidió elevar la situación a sus superiores, solicitando información precisa sobre los motivos de la clausura y los fundamentos técnicos que justificaban una eventual demolición. Esta decisión permitió frenar el operativo en curso y evitar, por el momento, la destrucción del conventillo.
Si bien la demolición fue suspendida, el edificio continúa bajo custodia policial, lo que mantiene la incertidumbre entre las familias desalojadas y las organizaciones que las acompañan. Desde el espacio comunitario señalaron que seguirán atentos a la evolución del caso y reclamaron políticas públicas que prioricen la preservación de la vivienda popular, la seguridad estructural de los inmuebles y el respeto por los derechos de quienes históricamente habitan estos espacios.
El caso vuelve a poner en evidencia la compleja realidad habitacional de La Boca, un barrio atravesado por procesos de deterioro edilicio, especulación inmobiliaria y ausencia de soluciones estructurales para las familias trabajadoras. La intervención comunitaria, una vez más, resultó fundamental para visibilizar el conflicto y frenar una medida que, de haberse concretado, habría profundizado la crisis habitacional en la zona.
