La crisis universitaria en Argentina se profundiza. El Frente Sindical de Universidades Nacionales anunció un paro de 48 horas para el 17 y 18 de marzo, fecha prevista para el inicio del ciclo lectivo 2025 en las casas de altos estudios. La medida es una respuesta directa al congelamiento presupuestario, la pérdida del poder adquisitivo del salario docente y nodocente, y el desconocimiento de la paritaria por parte del Gobierno nacional.
El paro, que afectará tanto las clases presenciales como virtuales en todo el país, busca visibilizar el deterioro progresivo del sistema universitario público argentino bajo la administración de Javier Milei. “Las políticas del Gobierno han generado un impacto devastador en las universidades nacionales”, expresó el Frente Sindical en un comunicado, denunciando no solo el recorte presupuestario sino también un abandono institucional sin precedentes.
Subas irrisorias: 1,5% y 1,2% de aumento en plena inflación
En medio de una inflación interanual que supera el 110% y con servicios básicos como la luz, el gas y el agua en alza constante, el Gobierno dispuso un incremento salarial de apenas 1,5% para enero y 1,2% para febrero. Estas cifras, impuestas de manera unilateral por la Subsecretaría de Políticas Universitarias (SPU), fueron rechazadas por todo el arco sindical universitario.
La SPU, dirigida por Alejandro Álvarez y dependiente del Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello, no solo ignoró la instancia de discusión paritaria, sino que también mantuvo la prórroga del presupuesto 2023, lo que implica una caída real del financiamiento para el funcionamiento universitario.
“Estas decisiones no son administrativas ni técnicas: son profundamente políticas y están orientadas a desmantelar la universidad pública y gratuita, obstaculizar la producción científica, y quebrar el rol social de nuestras instituciones”, advirtieron desde CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, FATUN y CTERA, organizaciones que conforman el Frente Sindical.
Presupuesto prorrogado: un horizonte de incertidumbre
El uso del Presupuesto Nacional 2023 para el ejercicio 2025 se convirtió en un instrumento de ajuste encubierto. Con costos duplicados o triplicados en infraestructura, mantenimiento, salarios y servicios, las universidades públicas enfrentan el nuevo año académico sin recursos suficientes ni planificación posible.
“Sin una ley de Presupuesto para 2025, las universidades quedan otro año más sin un horizonte presupuestario claro. Esto afecta aspectos sustantivos como el desarrollo de proyectos académicos, la investigación, el sostenimiento del sistema de becas para estudiantes, y en general pone en riesgo el funcionamiento básico de las universidades”, subrayaron desde el Frente.
Además, alertaron que se encuentran en riesgo actividades fundamentales como la extensión universitaria, la vinculación tecnológica con pymes y cooperativas, y hasta el pago de servicios básicos y salarios. Algunas casas de estudio ya enfrentan dificultades para pagar la luz, el agua y el gas, y otras, más pequeñas, incluso evalúan restringir días de cursada o cerrar turnos nocturnos por imposibilidad de sostener la infraestructura operativa.
Universidades en emergencia
No se trata solo de salarios: el conjunto del sistema universitario público está en emergencia. Durante 2024, el Frente Sindical encabezó dos marchas masivas (en abril y en septiembre) conocidas como la Marcha Universitaria Federal, que movilizaron a cientos de miles de personas en todo el país y culminaron con la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso Nacional.
Sin embargo, el presidente Javier Milei vetó la norma, con el apoyo de sus aliados del PRO, la UCR y gobernadores como Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca). El veto fue interpretado como un ataque directo a la autonomía universitaria, agravado por los permanentes cuestionamientos desde el Poder Ejecutivo hacia las universidades públicas, a las que acusan de “adoctrinamiento ideológico”.
“Nos quieren de rodillas, disciplinados, y en silencio. Pero no lo van a lograr. Defender la universidad pública es defender el futuro del país”, aseguraron los representantes sindicales durante la conferencia de prensa en la que se anunció la medida de fuerza.
El impacto docente y nodocente
El salario de los trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario perdió más de 35 puntos contra la inflación durante 2024, y esa pérdida se sigue ampliando en 2025. Mientras tanto, muchos de estos trabajadores siguen dependiendo de contratos temporales, becas o programas sin estabilidad.
El desconocimiento del ámbito paritario por parte del Gobierno agrava la situación. “La paritaria es el espacio institucional donde se debaten condiciones de trabajo, no solo sueldos. Eludirla es eliminar toda posibilidad de acuerdo y transparencia”, advirtieron desde CONADU Histórica.
Además del salario, también se encuentran paralizados o recortados los fondos para formación docente, programas de capacitación, financiamiento a carreras estratégicas y planes de inclusión educativa que durante años permitieron sostener la expansión del sistema universitario.
Paro internacional del 8M: las universidades también marchan
En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Frente Sindical también convocó a sumarse al Paro Internacional Feminista del 8 de marzo, con la consigna de visibilizar la feminización de la pobreza, el hambre y el ajuste.
“Convocamos a las compañeras trabajadoras docentes y no docentes a participar activamente de las movilizaciones en todo el país contra el hambre, el saqueo y la crueldad”, dice el comunicado, que destaca el carácter transversal de las políticas de ajuste que afectan con mayor crudeza a las mujeres y diversidades, tanto en lo económico como en lo laboral y en el acceso a la educación.
¿Qué puede pasar si no hay respuesta del Gobierno?
El Frente Sindical ya anticipó que si no hay respuesta por parte del Gobierno, el conflicto podría profundizarse y derivar en un paro por tiempo indeterminado en el segundo trimestre del año. Además, no se descarta una nueva Marcha Universitaria Federal si el ajuste se mantiene y no se garantiza la financiación mínima para que las universidades sigan funcionando.
También se espera que se sumen movilizaciones estudiantiles, como ocurrió en 2018, 2019 y 2023, cuando las tomas de facultades y centros de estudiantes fueron clave para frenar reformas regresivas o visibilizar el desfinanciamiento.
“Una universidad sin recursos, sin salario digno y sin planificación, no puede cumplir su rol social. No se trata de un capricho sindical, sino de garantizar el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad”, concluyeron desde el Frente.
