El presupuesto reaviva un conflicto que parecía cerrado
La presentación del nuevo Proyecto de Presupuesto por parte del Gobierno nacional volvió a encender alarmas en dos sectores que ya venían atravesando una fuerte tensión con el Ejecutivo: las universidades públicas y el sistema de atención a las personas con discapacidad. La inclusión del artículo 75, incorporado en las horas previas al tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, desató una inmediata reacción tanto en el ámbito educativo como en las organizaciones sociales y sanitarias.
El contenido del artículo no tardó en circular por grupos de WhatsApp, listas de correo y redes internas de familias, trabajadores y prestadores vinculados a la discapacidad. La preocupación se explica porque ese apartado del Presupuesto propone dejar sin efecto la Ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que había sido producto de un extenso proceso de movilización y debate durante todo el año. La ley había logrado la aprobación en ambas cámaras del Congreso, resistió el veto presidencial y, más recientemente, había sido respaldada por un fallo favorable de la Justicia federal.
“Esto nos genera una enorme angustia, porque demuestra que al Gobierno ya no le importa ni el Congreso, ni las decisiones judiciales, ni mucho menos la situación concreta de las personas”, expresó Ana Dones, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para las organizaciones del sector, la iniciativa oficial implica desconocer no solo un consenso legislativo amplio, sino también resoluciones judiciales que ordenaban aplicar la norma.
Un escenario similar se abrió en el ámbito universitario. El mismo artículo 75 del Presupuesto también establece la derogación de la Ley de Financiamiento Educativo, que había sido sancionada con una amplia mayoría y que contemplaba la recomposición salarial del personal docente y no docente, además de garantizar recursos básicos para el funcionamiento de las casas de estudio. Al igual que la ley de Emergencia en Discapacidad, esta norma había superado el rechazo al veto presidencial impulsado por el presidente Javier Milei.
La noticia cayó con fuerza en la comunidad educativa. “No se trata de un ataque más, sino de volver directamente al punto de partida. Es como regresar al escenario del inicio de 2024, cuando tuvimos que salir masivamente a la calle en la primera marcha federal universitaria”, señaló Francisca Staiti, secretaria general de la Conadu Histórica. En la misma línea, Emiliano Cagnacci, secretario general de la Asociación de Docentes de la UBA, advirtió que la decisión del Gobierno empuja nuevamente al sistema educativo a una situación de conflicto abierto.
Las dos leyes derogadas en el proyecto presupuestario compartieron un recorrido similar con la Emergencia Pediátrica, que alcanza al Hospital Garrahan. Tras el rechazo de los vetos, el Ejecutivo procedió a promulgarlas formalmente, pero sin asignar los recursos necesarios para su implementación. En la práctica, eso dejó las normas suspendidas, una maniobra que la oposición denunció como inconstitucional.
Ante ese escenario, las universidades respondieron con medidas de fuerza. Hubo paros en distintas casas de estudio y, en el caso de la UBA, una huelga de una semana completa. Además, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) presentó un recurso de amparo contra el decreto que había dejado sin efecto el financiamiento establecido por ley.
Las organizaciones vinculadas a la discapacidad tampoco bajaron los brazos. Continuaron con movilizaciones frente al Congreso y en Plaza de Mayo, muchas de ellas junto a trabajadores del Hospital Garrahan, y lograron una resolución favorable de la Justicia federal de Campana, que ordenó al Estado cumplir con la ley de Emergencia.
Pese a ese contexto, en la Casa Rosada optaron por profundizar la confrontación. En medio de la tensión con ambos sectores, el Gobierno incluyó la derogación de las leyes en el nuevo proyecto de Presupuesto. El dictamen fue aprobado en comisión con el acompañamiento del PRO, la UCR y legisladores alineados con gobernadores aliados, y quedó listo para ser tratado en el recinto.
Qué implican las derogaciones
Universidades: salarios y paritarias en riesgo
Según un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto universitario proyectado para 2026 prácticamente no muestra variaciones respecto del año anterior. En términos reales, la pérdida acumulada desde 2023 alcanza el 32 por ciento. Ese deterioro explica tanto la caída del poder adquisitivo de los salarios docentes como las dificultades para sostener el dictado de clases y el funcionamiento cotidiano de las universidades.
La ley derogada contemplaba una compensación salarial retroactiva y una actualización mensual de los sueldos en función de la inflación medida por el INDEC. En lugar de eso, el Gobierno otorgó un aumento por decreto cercano al 30 por ciento a mediados de este año.
Para 2026, la política salarial quedó plasmada en una resolución del Ministerio de Capital Humano, que prevé incrementos mensuales de entre el 1 y el 2,5 por ciento, acumulando un 25 por ciento recién para enero de 2027, todo ello sin convocatoria a paritarias. “Es una situación extremadamente grave, porque se recortan salarios sin negociación colectiva y se desconoce la representación gremial”, advirtió Staiti.
Discapacidad: del estado de emergencia al colapso
En el caso de la discapacidad, la ley de Emergencia había significado un alivio para los prestadores de salud, educación y transporte. Preveía una recomposición retroactiva de ingresos perdidos desde 2023 y actualizaciones mensuales por inflación. Tras la suspensión de la norma, el Ejecutivo dispuso aumentos del 30 por ciento hasta enero de 2026 y una actualización trimestral de aranceles prevista en el Presupuesto, que las organizaciones consideran claramente insuficiente.
Los cálculos del sector indican que, con la ley vigente, los recursos disponibles serían al menos el doble de los que propone el Gobierno. A eso se suma el ajuste sobre las pensiones por invalidez, con una proyección de casi 200 mil bajas, y la crítica situación de los talleres protegidos, donde los trabajadores con discapacidad siguen cobrando una asignación estímulo congelada en 28 mil pesos desde noviembre de 2023. “Esto ya no es una emergencia, es un colapso”, sintetizó Dones.
