“No son delincuentes, son ciudadanos con conciencia”: fuerte reclamo en Plaza de Mayo ante la criminalización de la protesta
A más de dos meses de la represión durante la protesta contra la Ley Bases en el Congreso, 16 personas continúan detenidas, acusadas por la justicia federal de delitos gravísimos —como terrorismo y sedición— en una causa que organizaciones sociales, juristas y defensores de derechos humanos denuncian como arbitraria, desproporcionada y funcional al gobierno de Javier Milei. En respuesta, este jueves se realizó una conferencia de prensa encabezada por familiares de los detenidos, en la sede del SERPAJ (Servicio Paz y Justicia), desde donde se convocó a una concentración masiva en Plaza de Mayo.
El acto, previsto frente a la Casa Rosada, tiene un objetivo central: exigir la liberación inmediata de los detenidos, denunciar la criminalización de la protesta social y advertir sobre el avance de un modelo represivo que atenta contra garantías constitucionales básicas, como el derecho a manifestarse, a no ser privado arbitrariamente de la libertad y a ser juzgado con pruebas reales.
“Nuestros compañeros no son delincuentes, ni terroristas. Son ciudadanos con conciencia política y social que salieron a defender lo que creen justo”, afirmaron familiares durante la conferencia.
Detenidos por protestar: cómo comenzó todo
Los hechos que motivaron estas detenciones ocurrieron el 12 de junio, día en que el Senado debatía la Ley Bases, proyecto clave del gobierno de Milei. Mientras se desarrollaba la sesión, miles de personas se movilizaron pacíficamente en las inmediaciones del Congreso, en una manifestación multitudinaria convocada por organizaciones sindicales, sociales, políticas y de derechos humanos.
La jornada se tornó violenta cuando las fuerzas de seguridad —Gendarmería, Policía Federal y Prefectura— desplegaron un operativo represivo inusitado, con gases lacrimógenos, balas de goma, detenciones al voleo y persecuciones dentro de la ciudad. Aunque el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, difundió imágenes de autos incendiados y agresiones a agentes, no se ha presentado hasta hoy una prueba concreta que vincule a los detenidos con los destrozos ni con hechos tipificados como terrorismo o sedición.
El saldo fue escandaloso: 36 personas detenidas, de las cuales 20 fueron liberadas tras los primeros días, pero 16 permanecen privadas de libertad, bajo imputaciones desproporcionadas, como tentativa de golpe de Estado, asociación ilícita e incluso “atentado contra el orden constitucional”.
El rol de la Justicia: causas políticas y presos por manifestarse
La permanencia de los manifestantes en prisión sin condena firme ni evidencias contundentes ha sido cuestionada por múltiples juristas, que advierten que la causa fue direccionada con un claro sesgo político.
“Estamos ante una reedición de los presos políticos, disfrazada de legalidad. La prisión preventiva no puede ser una pena anticipada ni una herramienta para disciplinar a la sociedad”, expresó Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora).
Los abogados defensores sostienen que la causa está plagada de irregularidades: uso de figuras penales excesivas, detenciones sin pruebas, declaraciones falsas de las fuerzas de seguridad, videos editados por el Ministerio de Seguridad y una clara coordinación entre el Poder Ejecutivo y sectores del Poder Judicial.
En ese marco, distintas organizaciones de derechos humanos —como el CELS, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, la APDH y el SERPAJ— emitieron comunicados conjuntos denunciando una regresión autoritaria del Estado argentino, y recordando que el derecho a la protesta es un pilar fundamental de cualquier democracia.
Un gobierno que avanza contra las libertades civiles
El caso de los 16 detenidos se inscribe en un contexto político más amplio, donde el gobierno nacional ha hecho de la represión, el hostigamiento a la protesta y el disciplinamiento social una parte central de su estrategia de control.
Desde la asunción de Milei, el Ministerio de Seguridad impulsó un “Protocolo Antipiquetes”, que en la práctica habilita la intervención violenta de las fuerzas frente a cualquier manifestación. Este protocolo, aplicado el 12 de junio, no respeta estándares internacionales de derechos humanos ni procedimientos judiciales, y ha sido rechazado incluso por Naciones Unidas y Amnistía Internacional.
Además, el gobierno ha desmantelado áreas de asistencia social, recortado partidas alimentarias, suspendido programas educativos y eliminado organismos como el INADI, mientras construye un relato que asocia la pobreza con el delito y la protesta con el terrorismo.
Convocatoria en Plaza de Mayo: una señal de resistencia
Ante esta avanzada represiva, familiares, organismos de derechos humanos, gremios y agrupaciones sociales convocaron a una concentración en Plaza de Mayo para este jueves a las 17 hs. El objetivo es claro: visibilizar la injusticia, exigir la liberación inmediata de los detenidos, y frenar la normalización de la persecución ideológica en democracia.
Los convocantes insisten: la libertad de expresión y el derecho a la protesta están en peligro. No se trata solo de los 16 detenidos. Se trata de sentar un precedente. Si se permite que manifestar pacíficamente termine en prisión preventiva con cargos infundados, se instala el miedo y se erosiona el corazón mismo de la vida democrática.
“Lo que está en juego no es sólo la libertad de nuestros compañeros, sino el derecho de todos y todas a organizarnos, a cuestionar, a pensar distinto y a decir basta cuando algo es injusto”, afirmaron en la conferencia.
