En medio de las intenciones del gobierno de Javier Milei de avanzar con un plan de privatizaciones, el senador nacional por Unión por la Patria (UxP), Eduardo «Wado» de Pedro, presentó dos iniciativas en el Senado con el fin de proteger la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). El objetivo principal es impedir su venta al sector privado y resguardar el acceso al agua como un derecho humano fundamental.
Una de las propuestas consiste en un proyecto de ley que establece límites estrictos a cualquier intento de privatizar AySA. El texto propone que el 90% del capital accionario de la empresa quede de forma permanente bajo control del Estado nacional, mientras que el 10% restante sea transferido a sus trabajadores. Además, determina que cualquier intento de modificar el objeto social de la empresa, vender activos esenciales o alterar la composición accionaria deberá contar con la aprobación del Congreso mediante una mayoría calificada de dos tercios.
Este proyecto de ley también busca derogar los decretos presidenciales 493 y 494/25, firmados por Javier Milei, que autorizaron la inclusión de AySA en el listado de empresas estatales susceptibles de privatización. La medida fue anticipada públicamente por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien sostuvo que la privatización de AySA apunta a “modernizar el sector” y mejorar tanto la calidad como el precio del servicio, ajustándose —según dijo— a “estándares nacionales e internacionales”.
Acompañaron el proyecto de ley senadores del bloque de UxP como José Emilio Neder y Cristina López, mientras que el proyecto de declaración sumó los apoyos de legisladores como Mariano Recalde, María Eugenia Duré, Sandra Mendoza, Alicia Kirchner, María Inés Pilatti Vergara, Jesús Rejal, Sergio Leavy y Oscar Parrilli.
Además de la iniciativa legislativa, De Pedro presentó un proyecto de declaración que expresa una fuerte preocupación y un claro rechazo a las decisiones del Poder Ejecutivo respecto a AySA. En el texto, se advierte que los decretos firmados por el presidente representan un retroceso en el reconocimiento del acceso al agua potable y al saneamiento como derechos esenciales.
“El agua es un recurso estratégico, escaso y vital. No se trata sólo de una empresa, sino de salud pública y del desarrollo de millones de personas”, afirmó el senador en sus declaraciones. También remarcó que la Argentina ha suscrito compromisos internacionales que la obligan a garantizar el acceso universal al agua potable y al saneamiento. “Esta ley es una herramienta para cumplir con esos compromisos y para impedir que ningún gobierno vuelva a entregar un derecho tan básico”, subrayó.
Desde el oficialismo, Adorni intentó justificar la decisión gubernamental señalando que AySA “funcionó como una plataforma de campaña” en administraciones anteriores, y señaló supuestas ineficiencias en su funcionamiento. Sin embargo, datos oficiales contradicen esa postura: durante la gestión estatal, más de 4,5 millones de personas obtuvieron por primera vez acceso al agua potable y más de 3,6 millones fueron incorporadas al sistema de redes cloacales. Además, se logró una reducción del 57% en la cantidad de cortes del servicio y un 72% en la duración de los mismos, gracias a la ejecución de obras de infraestructura financiadas por el Estado.
Con estas propuestas, De Pedro se posiciona en defensa del carácter público de AySA y del derecho al agua como un bien común. En un contexto donde el Gobierno impulsa la venta de empresas públicas bajo el argumento de una modernización del Estado, desde la oposición buscan establecer límites legales que blinden recursos estratégicos frente a decisiones unilaterales del Ejecutivo.
