El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó que alcanzó las 1.000 propiedades recuperadas y restituidas a sus titulares en el marco de su política de recuperación de inmuebles ocupados ilegalmente. El anuncio fue realizado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien destacó el resultado de los procedimientos y sostuvo que estas intervenciones buscan dar respuesta a propietarios que, en numerosos casos, atravesaron largos períodos de reclamos y trámites judiciales para volver a disponer de sus bienes.
De acuerdo con las cifras oficiales difundidas el martes 27 de octubre, las propiedades recuperadas representan un valor económico superior a los 500 millones de dólares. El universo de inmuebles alcanzados es diverso e incluye viviendas particulares, hoteles familiares, edificios completos, antiguas fábricas y terrenos pertenecientes al Estado porteño.
La distribución territorial de los operativos muestra una concentración importante en algunos barrios de la Ciudad. Balvanera ocupa el primer lugar, con 130 propiedades recuperadas, principalmente en el área de Once. En segundo término aparece La Boca, con 63 casos, seguida por Almagro, que registra 53. Luego se ubican Constitución, con 52, y Flores, con 43 intervenciones.
En el corredor de los barrios del centro geográfico porteño también se contabilizaron procedimientos en San Cristóbal, donde se informaron 38 casos, y Boedo, con 14. De esta manera, Balvanera y Almagro reúnen en conjunto 183 intervenciones, una cifra que los ubica entre los sectores con mayor cantidad de propiedades alcanzadas por esta política pública.
Un trabajo conjunto entre distintas áreas del Gobierno
Según explicó la administración porteña, los procedimientos requieren la participación de diferentes organismos y no se limitan a la intervención policial. En las actuaciones intervienen la Policía de la Ciudad, la Justicia y distintas dependencias del Ejecutivo local, de acuerdo con las características de cada situación.
Entre las áreas involucradas se encuentran la Guardia de Auxilio, los equipos de Emergencias, la Agencia Gubernamental de Control y las dependencias responsables del ordenamiento urbano y del espacio público. También participa la Red de Atención, que evalúa las circunstancias sociales de quienes se encuentran en los inmuebles, mientras que el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes interviene cuando hay menores de edad involucrados.
Los casos pueden llegar a las autoridades a partir de denuncias de vecinos o solicitudes presentadas por propietarios que buscan recuperar sus viviendas, comercios u otros bienes. Una vez iniciadas las actuaciones, la intervención de los organismos correspondientes depende de las condiciones particulares de cada inmueble y de las medidas que deban adoptarse.
El operativo que permitió alcanzar la cifra de mil propiedades se realizó en una galería y un terreno anexo ubicados en Cafayate 1642, en Mataderos, cerca de la avenida Juan Bautista Alberdi. Según la información oficial, ambos espacios llevaban aproximadamente 15 años ocupados.
El Ejecutivo porteño señaló que entre los inmuebles recuperados hay propiedades que habían permanecido fuera del control de sus titulares durante períodos prolongados. También mencionó establecimientos y construcciones vinculados con denuncias por actividades ilegales, además de edificios y terrenos cuya recuperación tuvo impacto sobre el entorno barrial.
Los reclamos por desalojos vinculados con problemas edilicios
En los barrios de Balvanera, Almagro y el Abasto, la discusión sobre los desalojos incluye una situación que requiere distinguir entre diferentes tipos de procedimientos. Mientras el Gobierno porteño presenta el balance de las propiedades recuperadas por ocupaciones ilegales, también hubo intervenciones motivadas por riesgos estructurales en edificios que debían ser evacuados por razones de seguridad.
Uno de los episodios que generó mayor repercusión ocurrió en junio en un inmueble de la calle Alberti al 500, en Balvanera. Después del operativo, Jorge Macri publicó un mensaje en redes sociales en el que describió el lugar como una “guarida de delincuentes”.
Sin embargo, las personas afectadas por el desalojo manifestaron que entre ellas había propietarios e inquilinos que residían allí desde hacía tiempo. Según sus testimonios, la intervención estuvo relacionada con el supuesto peligro de derrumbe de la construcción. Algunos vecinos señalaron que determinados propietarios estaban realizando gestiones y trabajos para reparar el edificio con la intención de regresar cuando las condiciones lo permitieran.
Una situación de características similares se produjo en un inmueble situado en la esquina de Agüero y San Luis, en el Abasto. En ese caso, los propietarios lograron volver al lugar. Estos antecedentes muestran que no todas las evacuaciones de inmuebles responden necesariamente a una denuncia por usurpación: algunas medidas se adoptan por cuestiones de seguridad y pueden involucrar a personas que aseguran contar con derechos sobre las propiedades.
La diferencia resulta relevante para comprender el alcance de las intervenciones en la zona. La recuperación de una propiedad ocupada ilegalmente y la evacuación preventiva de una construcción con riesgo edilicio son situaciones distintas, aunque ambas puedan derivar en la salida de las personas que se encontraban dentro del inmueble.
Un pedido de informes llegó a la Legislatura porteña
La aplicación de las medidas de desalojo preventivo y urgente por problemas edilicios también fue objeto de debate político. En abril, la Legislatura de la Ciudad aprobó un pedido de informes impulsado por la legisladora Victoria Freire junto con otros diputados, para que el Poder Ejecutivo brindara detalles sobre los procedimientos extraordinarios relacionados con riesgos en las construcciones.
El objetivo del requerimiento fue obtener información sobre las actuaciones administrativas vinculadas con estas evacuaciones. La discusión puso en primer plano la necesidad de conocer cómo se desarrollan las intervenciones, cuáles son sus fundamentos y qué sucede con las personas que deben abandonar los inmuebles por razones de seguridad.
Otro antecedente se registró en enero, cuando fue desalojado el edificio ubicado en Sarmiento y Jean Jaurés debido al peligro de derrumbe. La situación había generado restricciones y cortes de tránsito durante meses, en un contexto marcado por desprendimientos y trabajos destinados a prevenir nuevos incidentes.
Posteriormente, la circulación vehicular volvió a habilitarse, aunque continuaron las tareas de apuntalamiento y reparación. El caso refleja las consecuencias que puede tener el deterioro de una construcción no solo para sus ocupantes, sino también para quienes circulan por las calles cercanas.
En el área de Balvanera y sus alrededores, otros inmuebles también fueron objeto de denuncias vecinales o de intervenciones oficiales. Entre los puntos mencionados se encuentran las esquinas de Sarmiento y Ecuador, Sarmiento y Boulogne Sur Mer, y Maza y Rivadavia. Asimismo, en Cochabamba al 2600 se desalojó una propiedad que, según la información publicada, llevaba décadas ocupada y no contaba con un propietario identificado.
El desafío de recuperar inmuebles y atender las situaciones particulares
El balance presentado por el Gobierno porteño vuelve a poner en discusión la ocupación de propiedades y las dificultades que pueden enfrentar sus titulares para recuperarlas. Para la administración de Jorge Macri, la restitución de los inmuebles constituye una de las líneas centrales de su gestión, con el argumento de que permite devolver bienes a sus dueños y responder a reclamos que, en algunos casos, se prolongaron durante años.
Al mismo tiempo, los antecedentes registrados en barrios como Balvanera y Almagro muestran que las intervenciones sobre edificios pueden involucrar circunstancias diferentes. Las denuncias por ocupaciones ilegales, las actuaciones judiciales y los problemas de seguridad estructural requieren procedimientos específicos, de acuerdo con las causas que motivan cada medida.
En los casos de evacuaciones por peligro edilicio, además de determinar las condiciones de la construcción, resulta relevante conocer qué alternativas tienen las personas afectadas y qué requisitos deben cumplir para regresar, cuando ello sea posible. Las experiencias de vecinos que aseguran ser propietarios o inquilinos de larga data evidencian la importancia de distinguir las situaciones particulares y de contar con información clara sobre las decisiones adoptadas.
Con mil propiedades recuperadas, el Ejecutivo porteño presentó una cifra que permite dimensionar la magnitud de los operativos realizados. Balvanera, con 130 casos, y Almagro, con 53, se encuentran entre los barrios con mayor cantidad de intervenciones. El seguimiento de estos procedimientos y de las medidas vinculadas con la seguridad de los edificios continuará siendo relevante para los vecinos de las comunas 3 y 5, donde la recuperación de inmuebles y las condiciones de habitabilidad forman parte de las principales cuestiones urbanas.
Créditos de la imagen a: Revista El Abasto
