La administración de Javier Milei mantiene abierto el conflicto con los gobiernos provinciales por el reparto de los recursos nacionales. Durante los primeros diez meses de 2026, el Estado acumuló más de un billón de pesos en el fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), pero solamente transfirió a las jurisdicciones el 19,3% de ese dinero. En paralelo, el ministro de Economía, Luis Caputo, prepara una propuesta para avanzar con la eliminación del impuesto a los Sellos, con un mecanismo de compensación parcial para aquellas provincias que acepten dejar de cobrarlo.
La discusión se desarrolla en un escenario de preocupación por la situación financiera de los distritos, que vienen advirtiendo sobre la disminución de los ingresos provenientes de la coparticipación y las dificultades para sostener sus presupuestos. En ese contexto, los Aportes del Tesoro Nacional se convirtieron en uno de los principales puntos de tensión entre la Casa Rosada y los gobernadores.
De acuerdo con los datos relevados por la consultora Analytica, entre enero y octubre ingresaron al fondo de ATN unos $1.024.482 millones. Sin embargo, el Poder Ejecutivo solamente destinó $197.500 millones a transferencias provinciales. De esta manera, quedaron sin distribuir $826.982 millones, equivalentes al 80,7% de los recursos acumulados durante ese período.
Otro aspecto que surge del relevamiento es que el dinero que fue asignado a las provincias también llegó efectivamente a sus destinatarios. Es decir, no quedaron partidas comprometidas pendientes de pago: los $197.500 millones contabilizados como devengados tuvieron su correspondiente ejecución.
Una distribución irregular y con diferencias respecto de años anteriores
El movimiento de los fondos durante los últimos meses mostró importantes variaciones. En octubre se registraron transferencias por $13.500 millones, mientras que durante agosto no se habían concretado desembolsos. En septiembre, por su parte, los envíos habían alcanzado los $33.000 millones y en julio totalizaron $30.000 millones.
Los mayores montos mensuales se habían registrado durante marzo y abril, cuando el Gobierno transfirió $47.000 millones en cada uno de esos meses. En febrero se distribuyeron $20.000 millones, mientras que enero había cerrado con apenas $7.000 millones.
Si bien el porcentaje de ejecución de los ATN continúa siendo reducido, los números de 2026 muestran una mejora frente a los dos años anteriores de la gestión de Milei. En 2024 se había distribuido el 5,4% de los recursos disponibles, mientras que durante 2025 la proporción había ascendido al 17,1%.
La comparación con los años previos muestra, sin embargo, otro panorama. En 2021, durante la administración de Alberto Fernández, se había utilizado el 55% de los fondos recaudados. En 2022, el porcentaje fue del 25,3%, mientras que en 2023 llegó al 19,4%.
Con el 19,3% registrado hasta octubre, el nivel de distribución de este año se ubicó prácticamente en línea con el de 2023, aunque todavía por debajo de aquel período. Desde Analytica señalaron que continúa existiendo una importante diferencia entre los recursos que ingresan al fondo y los que finalmente llegan a las administraciones provinciales. Además, consideraron que no se esperan modificaciones significativas en esta tendencia antes de finalizar el año.
Qué provincias recibieron más fondos durante 2026
Los recursos distribuidos por el Gobierno nacional alcanzaron a 15 jurisdicciones. Sin embargo, los montos asignados presentaron diferencias importantes entre los distintos distritos.
Misiones encabezó el listado de provincias que más dinero recibieron, con transferencias acumuladas por $28.000 millones. En segundo lugar se ubicó Corrientes, que obtuvo $22.500 millones.
El tercer puesto correspondió a Catamarca, con $18.500 millones, mientras que Salta y Entre Ríos recibieron $18.000 millones cada una.
Más atrás aparecen Chaco y Mendoza, con $14.000 millones por jurisdicción. Jujuy acumuló $13.500 millones y Neuquén obtuvo $12.000 millones. San Juan recibió $10.000 millones, mientras que Santa Fe contabilizó $8.000 millones.
En la parte inferior del listado se encuentran Chubut, con $6.500 millones; Santa Cruz, con $6.000 millones; Córdoba, con $5.000 millones, y La Pampa, que recibió $3.500 millones.
Por otra parte, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) también realizó un seguimiento de los recursos distribuidos durante el año. Según sus registros, los $197.500 millones transferidos representaron un incremento nominal del 50% en comparación con el mismo período de 2025, cuando los desembolsos habían alcanzado los $131.500 millones.
A pesar de esa suba en términos nominales, el reparto de los fondos continúa generando cuestionamientos entre distintos mandatarios provinciales. Los gobernadores sostienen que la reducción de los recursos coparticipables, sumada a la menor actividad económica, impacta directamente sobre las finanzas de sus distritos y limita su capacidad para afrontar los gastos cotidianos.
Uno de los dirigentes que manifestó públicamente su disconformidad fue el gobernador bonaerense Axel Kicillof. El mandatario cuestionó la decisión del Ejecutivo nacional de mantener sin distribuir una parte importante de los recursos del fondo y acusó al Gobierno de apropiarse ilegalmente de dinero destinado a atender situaciones de emergencia en las provincias.
La propuesta de Luis Caputo para eliminar el impuesto a los Sellos
Mientras continúa la discusión por los recursos provinciales, el ministro de Economía busca avanzar con otro tema que también requiere el acompañamiento de los gobernadores: la eliminación del impuesto a los Sellos.
La iniciativa fue presentada por Caputo durante su participación en la 32.ª Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA). Allí, el funcionario anunció distintas medidas destinadas a mejorar la situación de las pequeñas y medianas empresas frente a sus obligaciones tributarias y aprovechó el encuentro para comunicar su intención de impulsar una reducción de la carga impositiva que recae sobre las actividades económicas.
La propuesta contempla que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eliminen el impuesto a los Sellos y que, a cambio, el Estado nacional les reconozca una compensación equivalente a la mitad de los ingresos que dejarían de percibir.
De acuerdo con lo anunciado por el ministro, el ofrecimiento estará dirigido a las jurisdicciones adheridas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR). La adhesión no será automática: cada administración provincial deberá evaluar las condiciones y decidir si acepta el acuerdo.
El planteo abre una nueva instancia de negociación entre Nación y las provincias. Para el equipo económico, la reducción de este tributo forma parte de una estrategia orientada a disminuir los impuestos que afectan las operaciones comerciales y los contratos. Sin embargo, para los gobernadores, resignar una fuente de recaudación representa una dificultad adicional en un momento en el que los ingresos propios y los fondos provenientes de la Nación atraviesan un escenario complejo.
Las dudas de los gobernadores y el reclamo por un acuerdo fiscal más amplio
La iniciativa de Caputo encontró predisposición para discutir una reducción de impuestos, aunque también generó cuestionamientos sobre la oportunidad y las condiciones del ofrecimiento.
Desde una provincia cercana al oficialismo señalaron que resulta complicado comprometer una disminución de los ingresos tributarios cuando las administraciones locales enfrentan retrocesos en la coparticipación, dificultades de recaudación y problemas vinculados con el empleo privado.
En ese sentido, una de las condiciones planteadas por representantes provinciales es que la discusión no se limite exclusivamente al impuesto a los Sellos. También reclamaron que el Gobierno nacional contemple modificaciones en otros tributos, entre ellos el impuesto al cheque, y que se avance hacia un entendimiento general sobre la distribución de los recursos fiscales.
La postura expresada por ese sector es que existe una coincidencia mayoritaria entre los gobernadores aliados respecto de la conveniencia de reducir impuestos como Sellos e Ingresos Brutos. No obstante, consideran que esas modificaciones deberían implementarse dentro de un nuevo pacto fiscal que contemple también una reducción de las cargas tributarias nacionales, como las retenciones a las exportaciones y el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios.
El planteo refleja las diferencias que todavía existen entre las necesidades fiscales de las provincias y los objetivos económicos de la administración nacional. Mientras el Gobierno busca que los distritos acompañen su programa de reducción impositiva, los mandatarios pretenden contar con garantías que eviten una mayor pérdida de recursos para sus administraciones.
De esta manera, la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional y la posible eliminación del impuesto a los Sellos aparecen como dos discusiones estrechamente vinculadas dentro de la relación entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales. La primera está atravesada por los reclamos ante la escasa proporción de fondos transferidos, mientras que la segunda abre la posibilidad de un nuevo acuerdo tributario.
Las próximas conversaciones entre Luis Caputo y los representantes provinciales serán determinantes para conocer el alcance que tendrá la propuesta y cuántas jurisdicciones estarán dispuestas a adherir. Por ahora, el principal interrogante continúa siendo cómo compatibilizar la reducción de impuestos que impulsa la Nación con la necesidad de financiamiento que plantean las provincias.
Créditos de la imagen a: Casa Rosada
