La Confederación General del Trabajo (CGT) comenzó a delinear un escenario de fuerte confrontación con el Gobierno nacional, luego de que trascendiera la intención del presidente Javier Milei de impulsar, tras el recambio legislativo del 10 de diciembre, un paquete de reformas laborales de corte liberal. La central obrera advirtió que no permanecerá pasiva ante lo que considera un intento de “retroceso en los derechos conquistados” y adelantó que está dispuesta a realizar movilizaciones y medidas de fuerza contundentes si el proyecto oficialista avanza en el Congreso.
El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y dirigente de peso dentro del triunvirato de conducción de la CGT, Gerardo Martínez, expresó públicamente su rechazo a la llamada “modernización laboral” promovida por el Ejecutivo. En declaraciones radiales, Martínez aseguró que el movimiento sindical no busca la confrontación por sí misma, pero que “si se nos cierran todas las puertas del diálogo, no tendremos más alternativa que salir a defender en la calle los derechos de los trabajadores”.
“Somos un actor de gestión, que prefiere debatir antes que pelear, pero si no hay garantías y se avanza en una reforma regresiva, la CGT va a utilizar todas las herramientas que la democracia le otorga”, remarcó el dirigente.
Críticas a los ideólogos de la reforma
Martínez apuntó además contra varios de los funcionarios que impulsan los borradores del proyecto, entre ellos Federico Sturzenegger, a quien describió como un economista de escritorio sin experiencia real en las relaciones laborales. “Hablan de productividad y de salarios dinámicos, pero nunca pagaron un sueldo ni participaron de una negociación colectiva. Pueden venir de las mejores universidades, pero desconocen lo que significa el mundo del trabajo en la Argentina”, sostuvo con dureza.
El líder de la UOCRA desestimó conceptos como el de “flexibilidad” o “dinamismo salarial”, señalando que son ideas que, bajo la apariencia de modernización, esconden la precarización de las condiciones laborales y el debilitamiento de los convenios colectivos.
La Bancaria se suma al rechazo
Las advertencias de la CGT fueron rápidamente respaldadas por La Asociación Bancaria, sindicato que conduce Sergio Palazzo. La organización difundió un comunicado titulado “Ni un paso atrás frente al ajuste y la entrega”, en el que expresó un “enérgico rechazo a toda reforma laboral o previsional que implique pérdida de derechos”.
El documento, aprobado en un plenario nacional de delegados, sostiene que el plan oficial “busca destruir el salario, avanzar con privatizaciones y descargar el ajuste sobre los trabajadores y jubilados”.
“La Bancaria reafirma su compromiso con la lucha, la organización y la resistencia frente al avance del Gobierno. No vamos a permitir que la voracidad privatizadora del poder económico destruya la banca pública ni el patrimonio nacional”, subraya el texto.
El gremio también ratificó la defensa irrestricta de las entidades financieras estatales, consideradas por el sindicato como “pilares fundamentales del desarrollo nacional”. Para Palazzo y su conducción, la discusión no se limita a un aspecto laboral sino que se trata de una disputa por el modelo de país.
Una reforma cuestionada
El proyecto que el Gobierno prepara incluiría, según versiones extraoficiales, figuras como los bancos de horas, la posibilidad de negociar convenios colectivos por empresa, y la incorporación de salarios variables o dinámicos. Para la CGT, estas modificaciones erosionan el sistema de negociación colectiva sectorial, debilitan a los sindicatos y facilitan condiciones más precarias de contratación.
“Hoy el país atraviesa una recesión profunda, con caída del consumo, pérdida de empleos y cierre de empresas. No es momento de discutir una reforma laboral que, lejos de generar trabajo, lo va a destruir”, advirtió Martínez. Según el dirigente, más de veinte mil compañías de diversos rubros han cesado sus actividades en los últimos meses debido a la apertura indiscriminada de importaciones y la falta de incentivos para la producción nacional.
En el mismo sentido se expresó el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada, quien consideró que “de ninguna manera es el momento adecuado para impulsar una reforma de estas características”. Para el ex funcionario, el país vive una situación de “destrucción del empleo y creciente informalidad”, y cualquier modificación legal que implique pérdida de derechos solo agravará el problema.
“Estas iniciativas no solucionan los problemas estructurales de la Argentina. No crean empleo ni mejoran la competitividad, sino que buscan aumentar la rentabilidad empresaria reduciendo los costos laborales”, señaló Tomada.
El debate sobre la informalidad y los nuevos contratos
Uno de los puntos más polémicos es la propuesta de “formalizar la informalidad” mediante contratos flexibles. Según explicó Tomada, el proyecto permitiría que figuras como la locación de obra o de servicios, tradicionalmente utilizadas para evadir obligaciones laborales, pasen a ser legales.
“Antes un trabajador podía reclamar ante un juez si lo contrataban de forma fraudulenta. Con este esquema, el mismo juez podría responder que ese contrato está permitido por la ley. En otras palabras, se busca legalizar la precariedad”, advirtió el ex ministro y abogado laboralista.
Actualmente, cerca del 50% de los trabajadores argentinos se desempeñan en la informalidad, sin acceso a seguridad social ni derechos básicos. Para los especialistas, una reforma de estas características no resolvería ese problema estructural, sino que lo consolidaría.
Un conflicto que se avecina
El clima dentro del movimiento obrero se tensiona a medida que el Gobierno ratifica su intención de “modernizar el mercado laboral”. En la CGT temen que el oficialismo busque imponer el proyecto mediante decretos o sesiones extraordinarias del Congreso, sin un debate real con los representantes sindicales.
Si ese fuera el camino, los gremios ya preparan un plan de lucha que podría incluir movilizaciones masivas, paros sectoriales y una huelga general.
“Nosotros queremos paz social, pero la paz no se decreta: se construye con diálogo y respeto. Si el Gobierno insiste en desconocer a los trabajadores, no nos quedará otra opción que salir a la calle”, sentenció Gerardo Martínez, marcando así el tono que podría dominar los próximos meses en la relación entre la Casa Rosada y la central obrera más importante del país.
