La iniciativa que busca incorporar nuevas sanciones al Código Penal argentino para combatir los delitos vinculados con el vandalismo rural consiguió dictamen favorable en el Senado de la Nación. De esta manera, el proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, quedó en condiciones de avanzar hacia su tratamiento en el recinto de la Cámara alta, donde podría obtener la aprobación definitiva y convertirse en ley.

El avance legislativo se produjo durante una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, encabezada por el senador de La Libertad Avanza Gonzalo Guzmán Coraita. Allí, los integrantes de la comisión analizaron el texto aprobado previamente por Diputados y reunieron las firmas necesarias para emitir un dictamen de mayoría que permita continuar con el procedimiento parlamentario.

Durante el encuentro, Guzmán Coraita manifestó su respaldo a la propuesta y señaló que se trata de una iniciativa que cuenta con una larga expectativa por parte de las entidades agropecuarias y de las distintas provincias del país. El proyecto apunta a establecer herramientas penales específicas frente a situaciones de ingreso no autorizado a establecimientos rurales y daños provocados sobre instalaciones, bienes e infraestructura vinculados con la producción agropecuaria.

Sin embargo, el debate también incluyó observaciones sobre algunos aspectos de la redacción. El senador justicialista Jorge Capitanich planteó la necesidad de revisar el apartado que establece sanciones para quienes ingresen sin autorización a propiedades rurales. Su preocupación estuvo relacionada particularmente con las facultades de los organismos encargados de realizar inspecciones laborales en los establecimientos agropecuarios.

Capitanich advirtió que los controles sobre las condiciones de trabajo en el ámbito rural requieren, en determinadas circunstancias, la posibilidad de ingresar sin notificación previa. Según explicó, anticipar una inspección podría impedir que se detecten irregularidades, especialmente en establecimientos alejados de los centros urbanos o con dificultades de acceso.

En ese sentido, remarcó la importancia de preservar las herramientas de fiscalización necesarias para identificar situaciones de empleo no registrado, trabajo infantil, explotación laboral y trata de personas. La advertencia abrió la discusión sobre la posibilidad de incorporar una excepción específica para los agentes habilitados a realizar este tipo de controles, sin que su actividad quede alcanzada por las restricciones previstas en la iniciativa.

Nuevas sanciones para el ingreso no autorizado a establecimientos rurales

Uno de los principales puntos de la propuesta es la incorporación de la figura penal denominada “intrusión rural”. Esta modificación busca establecer consecuencias penales para aquellas personas que ingresen a establecimientos agropecuarios sin contar con la autorización correspondiente de quienes tienen derecho a impedir el acceso.

El texto contempla penas de entre un mes y un año de prisión para quienes entren ilegalmente a terrenos rurales delimitados mediante elementos que permitan identificar la propiedad o expresar la prohibición de ingreso. Entre las formas de delimitación contempladas se encuentran los alambrados, las tranqueras, los muros, las vallas y los carteles que indiquen expresamente la restricción.

La intención de esta modificación es brindar una respuesta legal más específica ante situaciones de intrusión en establecimientos productivos. Sus impulsores consideran que el ingreso no autorizado a propiedades rurales puede representar una amenaza para quienes viven y trabajan en esos lugares, especialmente cuando se trata de predios ubicados en zonas alejadas y con escasa presencia de fuerzas de seguridad.

La iniciativa también contempla determinadas circunstancias en las que el ingreso no debería ser considerado un delito, como los casos de necesidad, auxilio o aquellos en los que no exista una delimitación suficientemente clara entre el establecimiento y el espacio público.

Otro de los argumentos expuestos durante el tratamiento legislativo está relacionado con la posibilidad de que las fuerzas de seguridad intervengan ante situaciones sospechosas de merodeo en las inmediaciones de establecimientos rurales. La propuesta busca facilitar una actuación preventiva frente a posibles hechos delictivos, sin que sea necesario esperar a que se produzca un daño o un robo para que las autoridades puedan intervenir.

Daños a la infraestructura y a los bienes utilizados en la producción agropecuaria

El segundo eje central del proyecto está relacionado con el agravamiento de las penas para quienes provoquen daños sobre elementos que forman parte de la actividad productiva del sector agropecuario.

Para ello, se propone incorporar una figura específica de daño agravado, con penas de entre dos y ocho años de prisión. Además, se establecen multas económicas que podrán ubicarse entre tres y doce veces el valor del perjuicio ocasionado.

La protección alcanza a distintos bienes e instalaciones indispensables para el funcionamiento de los establecimientos rurales. Entre los elementos expresamente contemplados se encuentran los sistemas de riego, los paneles solares, los silos y los alambrados, además de otros componentes vinculados con la infraestructura y el desarrollo de las actividades agropecuarias.

El objetivo es que los daños provocados sobre estos recursos tengan una respuesta penal acorde con las consecuencias que pueden generar sobre el funcionamiento de una explotación rural. La destrucción o inutilización de infraestructura productiva puede afectar no solamente el patrimonio de un establecimiento, sino también el desarrollo de sus actividades y la continuidad de determinados procesos de producción.

El proyecto también establece circunstancias en las que las sanciones serán más severas. En particular, contempla la duplicación de la pena mínima cuando el responsable del hecho sea un funcionario público o una persona que tenga una vinculación habitual con la actividad agropecuaria.

También se modificarán las penas por instigación pública a cometer delitos

La propuesta legislativa incluye, además, cambios relacionados con el delito de instigación pública. En este apartado, se busca establecer penas de entre dos y seis años de prisión para quienes promuevan o inciten públicamente a otras personas a cometer los delitos contemplados en la iniciativa.

El texto incorpora un agravamiento particular cuando esa incitación se difunda a través de redes sociales o medios de comunicación masivos. En esos casos, las penas previstas podrán triplicarse, de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto.

Esta modificación apunta a contemplar las nuevas formas de difusión de mensajes y convocatorias que pueden utilizarse para promover la comisión de hechos delictivos, incorporando expresamente el alcance de las plataformas digitales y los canales de comunicación masiva.

El proyecto se acerca a su definición en el Congreso

Con el dictamen obtenido en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, la iniciativa completó una instancia importante de su recorrido parlamentario. El proyecto había recibido media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 21 de octubre y ahora quedó habilitado para continuar su tratamiento en el Senado.

De todas maneras, el dictamen favorable no significa que la propuesta ya se haya convertido en ley. Todavía resta el debate y la votación correspondiente en el recinto de la Cámara alta. Además, durante el tratamiento en comisión quedaron planteadas algunas observaciones que podrían derivar en modificaciones al texto antes de su aprobación definitiva.

La iniciativa cuenta con el respaldo de las principales entidades representativas del sector agropecuario, que consideran necesario fortalecer las herramientas legales para proteger a los productores, trabajadores y establecimientos rurales frente a hechos de vandalismo, intrusión y destrucción de infraestructura.

La expectativa de sus impulsores es que el Senado pueda darle tratamiento antes de finalizar el año legislativo. Si obtiene la aprobación de la Cámara alta, el proyecto completará su recorrido parlamentario y quedará convertido en ley, incorporando nuevas disposiciones al Código Penal para abordar específicamente distintas modalidades delictivas que afectan al ámbito rural argentino.

Créditos: Raúl Fleitas

noviembre 19, 2026