La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una profunda modificación al Código Contravencional que endurece significativamente las sanciones contra los denominados “trapitos” y limpiavidrios que desarrollan su actividad de manera ilegal en la vía pública. La iniciativa había sido impulsada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y fue respaldada por una mayoría legislativa con 36 votos afirmativos. La nueva normativa busca otorgar mayores herramientas de control al Estado y a las fuerzas de seguridad para intervenir frente a situaciones que, según el Gobierno porteño, generan extorsión, intimidación y apropiación indebida del espacio público.
Con esta reforma, las conductas vinculadas al cobro ilegal por estacionamiento de vehículos o la limpieza de parabrisas sin autorización continúan siendo consideradas contravenciones, aunque las consecuencias para quienes las cometan serán considerablemente más severas que hasta ahora. La medida forma parte de una política de seguridad que la administración local viene desarrollando desde el inicio de la gestión actual, con un fuerte enfoque en el control de los espacios públicos y la prevención de actividades consideradas irregulares.
Uno de los aspectos más relevantes de la ley es que habilita a la Policía de la Ciudad a actuar con mayores facultades frente a estas situaciones. Además, amplía el alcance de las prohibiciones durante eventos masivos y establece períodos de detención efectiva para quienes sean sorprendidos ejerciendo estas actividades en determinados contextos. Según explicaron desde el Gobierno porteño, el objetivo es desalentar prácticas que en numerosos casos derivan en amenazas, presiones económicas o conflictos con vecinos y conductores.
La normativa contempla diferentes escalas de sanciones de acuerdo con la gravedad de cada situación. Cuando se detecte que la actividad es desarrollada en el marco de una organización previa o de una estructura coordinada durante eventos masivos, las penas podrán oscilar entre 20 y 50 días de detención. En tanto, quienes sean encontrados realizando tareas de cuidacoches de manera ilegal en cualquier punto de la Ciudad podrán enfrentar arrestos de entre 10 y 30 días.
Las sanciones más duras recaerán sobre quienes sean identificados como responsables de organizar, coordinar o promover este tipo de actividades. En esos casos, la ley prevé penas que pueden alcanzar hasta los 60 días de arresto, una de las máximas previstas dentro de este régimen contravencional. El espíritu de la norma apunta no solamente a sancionar a quienes realizan la actividad en la calle, sino también a quienes obtienen beneficios económicos o dirigen estas prácticas desde estructuras organizadas.
Otro punto destacado es el agravamiento de las penas cuando existan situaciones de intimidación, hostigamiento o violencia. La legislación establece que las sanciones podrán duplicarse si la conducta se desarrolla mediante amenazas, persistencia indebida o aprovechándose de condiciones de vulnerabilidad de las víctimas. También contempla agravantes vinculados a situaciones de desigualdad de género o a comportamientos especialmente intimidatorios.
La reforma también modifica sustancialmente el régimen de multas económicas. Hasta ahora, las sanciones monetarias eran consideradas de difícil aplicación y, según las autoridades, muchas veces terminaban siendo ineficaces. Con el nuevo esquema, las multas aumentan de manera considerable y podrán superar el millón de pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción y de las circunstancias en que se haya producido. Asimismo, los trabajos comunitarios que pueden imponerse como complemento de la sanción también se amplían, pasando a períodos mucho más extensos que los contemplados anteriormente.
La legislación incorpora además consecuencias administrativas para quienes participen en actividades organizadas relacionadas con el cobro ilegal en eventos masivos. En determinados casos, las personas sancionadas podrán quedar inhabilitadas durante un plazo de hasta dos años para acceder a programas sociales, subsidios o distintos beneficios otorgados por el Gobierno de la Ciudad. La medida busca desalentar la participación en redes organizadas y reforzar el carácter disuasorio de la normativa.
En relación con los espectáculos y eventos multitudinarios, la ley introduce cambios significativos en los mecanismos de control. A partir de ahora, las restricciones no se limitarán exclusivamente a acontecimientos deportivos o artísticos de gran convocatoria, sino que podrán aplicarse a cualquier evento que se desarrolle dentro del territorio porteño. De esta manera, el alcance de la regulación se vuelve mucho más amplio y flexible.
También se incrementa el perímetro de vigilancia alrededor de los lugares donde se realizan estos encuentros. El radio de control se extenderá hasta 50 cuadras a la redonda, ampliando considerablemente la zona en la que las autoridades podrán intervenir para prevenir la presencia de trapitos o limpiavidrios. Paralelamente, los horarios de aplicación de la prohibición también se expanden: los controles comenzarán seis horas antes del inicio del evento y se mantendrán hasta tres horas después de su finalización.
La nueva normativa no sólo apunta a las personas que realizan directamente estas actividades, sino también a las instituciones que puedan favorecerlas o beneficiarse de ellas. En ese sentido, la ley prevé sanciones para clubes, organizaciones o entidades cuyos integrantes participen de manera directa o indirecta en la promoción o facilitación de estas prácticas. Las multas para estas instituciones podrán alcanzar cifras cercanas a los 20 millones de pesos, mientras que las clausuras podrán extenderse hasta un máximo de 90 días, triplicando el límite que existía previamente.
Desde el Ejecutivo porteño sostienen que la reforma responde a la necesidad de contar con herramientas más eficaces para enfrentar una problemática que, según los registros oficiales, continúa teniendo una fuerte presencia en la Ciudad. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026 se registraron más de 13.000 contravenciones vinculadas a estas actividades, una cifra que para las autoridades demuestra la magnitud del fenómeno y la necesidad de endurecer las respuestas estatales.
Con la aprobación de esta ley, la Ciudad de Buenos Aires inicia una nueva etapa en su estrategia de control del espacio público. El Gobierno local considera que el endurecimiento de las sanciones permitirá reducir la presencia de trapitos y limpiavidrios, especialmente en zonas de alta circulación y durante eventos de gran concurrencia. Por su parte, el debate público sobre el alcance de estas medidas continúa abierto, en un contexto donde las políticas de seguridad urbana y convivencia en el espacio público ocupan un lugar central en la agenda política porteña.
