El Senado de la Nación aprobó este jueves 19 de noviembre, por unanimidad, una nueva legislación destinada a fortalecer el sistema de atención y asistencia a las personas con discapacidad en Argentina. La iniciativa, denominada Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, consiguió el acompañamiento de los 71 senadores presentes y obtuvo así su sanción definitiva, luego de haber recibido el respaldo de la Cámara de Diputados.

La votación representa un cambio significativo para un sector que durante los últimos años atravesó numerosos reclamos vinculados con el financiamiento de las prestaciones, las demoras en los pagos a instituciones y profesionales, la actualización de los aranceles y las condiciones de acceso a las pensiones. El nuevo marco normativo busca dejar atrás el esquema excepcional de emergencia que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y establecer disposiciones de carácter permanente.

El proyecto ya había sido aprobado en Diputados el pasado 22 de octubre, con 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. Luego de su tratamiento en la Cámara alta, el texto consiguió el respaldo de todos los bloques, sin registrar votos en contra ni abstenciones.

Uno de los principales objetivos de la legislación es garantizar la continuidad de las herramientas de asistencia económica, sanitaria y social destinadas a las personas con discapacidad, además de establecer condiciones más previsibles para quienes trabajan dentro del sistema de atención.

Qué cambia con la nueva legislación

Entre las disposiciones centrales se encuentra la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad. El beneficio seguirá representando el 70% del haber mínimo jubilatorio y tendrá actualizaciones vinculadas al mecanismo de movilidad previsional.

Una de las modificaciones relevantes está relacionada con la posibilidad de trabajar y continuar percibiendo esta prestación. La normativa establece que los beneficiarios podrán incorporarse a un empleo formal o desarrollar una actividad bajo el régimen de monotributo sin perder automáticamente la pensión, siempre que sus ingresos individuales no alcancen ni superen el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Este punto busca evitar que las personas deban elegir entre acceder a una oportunidad laboral y conservar el ingreso que reciben como parte de la asistencia estatal. En caso de superar el límite económico establecido, el beneficio podrá quedar suspendido. Si posteriormente los ingresos disminuyen o finaliza la actividad laboral, se contempla la posibilidad de solicitar su rehabilitación.

Para acceder a la pensión se mantienen determinados requisitos, entre ellos la acreditación de la discapacidad mediante el Certificado Único de Discapacidad (CUD), además de las condiciones de identidad y situación socioeconómica previstas en la norma.

La ley también contempla la continuidad de la cobertura sanitaria a través del Programa Federal Incluir Salud. Este mecanismo está destinado a titulares de pensiones no contributivas que no cuentan con otra cobertura médica y permite acceder a medicamentos, tratamientos y diferentes prestaciones vinculadas con la atención de la salud.

Actualización de aranceles y deudas con los prestadores

Otro de los aspectos fundamentales de la iniciativa está relacionado con la situación económica de los profesionales, instituciones y organizaciones que brindan servicios a personas con discapacidad.

La legislación mantiene el nomenclador único de prestaciones, que funciona como referencia para determinar los valores que reciben los distintos prestadores del sistema. Además, establece que esos montos deberán actualizarse automáticamente de acuerdo con la movilidad jubilatoria.

La medida apunta a evitar que los valores queden desactualizados frente al incremento de los costos que deben afrontar los establecimientos, centros de rehabilitación y profesionales que trabajan diariamente en el sector.

También se incorporó una disposición específica para atender las deudas acumuladas con los prestadores. El Poder Ejecutivo deberá elaborar y publicar un cronograma de cancelación de las compensaciones pendientes dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley. Para los casos que tengan completados los procedimientos administrativos correspondientes, se establece un plazo máximo de 90 días para concretar los pagos.

La regularización de estas obligaciones constituye uno de los reclamos que las organizaciones del sector vienen planteando desde hace tiempo, debido a las dificultades que generan los atrasos en los ingresos para sostener el funcionamiento de las instituciones y garantizar la continuidad de los servicios.

Controles y auditorías sobre las pensiones

La nueva normativa también incorpora mecanismos de fiscalización para verificar que las personas que reciben pensiones continúen reuniendo las condiciones necesarias para acceder al beneficio.

Las auditorías estarán a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad y contemplarán el intercambio de información entre diferentes organismos públicos, entre ellos ANSES, ARCA y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

En caso de identificarse alguna irregularidad o un posible incumplimiento de los requisitos, deberá notificarse a la persona involucrada para que pueda presentar la documentación correspondiente y ejercer su derecho a realizar un descargo.

El procedimiento contempla instancias administrativas antes de avanzar con una eventual suspensión de la prestación. Asimismo, se prevén mecanismos para solicitar la rehabilitación del beneficio cuando exista una controversia sobre la situación del titular.

De esta manera, el texto incorpora controles periódicos sobre el sistema, aunque también establece procedimientos que deben respetarse para evitar que las decisiones administrativas se tomen sin intervención de las personas afectadas.

El contexto económico y social del sector

La aprobación de la ley se produce en un escenario complejo para las personas con discapacidad y sus familias. Durante los últimos años, las prestaciones económicas y los servicios de atención estuvieron atravesados por discusiones presupuestarias, modificaciones administrativas y reclamos de diferentes organizaciones.

De acuerdo con datos del Ministerio de Capital Humano analizados por Chequeado, entre 2023 y septiembre de 2026 la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez disminuyó un 5,9%, hasta ubicarse en aproximadamente 1,14 millones de beneficiarios.

También se registró una reducción del poder adquisitivo de estas prestaciones. Al comparar los valores con la evolución de la inflación, el monto promedio acumuló una pérdida real del 14,2% desde el comienzo de la actual gestión nacional. Si bien durante los primeros nueve meses de 2026 se observó una recuperación del 1,9% en términos reales, el promedio de la prestación se ubicó en $373.583.

A esta situación se suma la existencia de más de 200.000 solicitudes de pensiones que permanecían pendientes durante 2026, una cifra que refleja las dificultades que todavía existen para dar respuesta a todas las personas que buscan acceder a esta asistencia.

Otro de los puntos que genera preocupación es el financiamiento de Incluir Salud. Según un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reducción real del 13,9% para este programa respecto de 2026 y del 19% en comparación con 2023.

Frente a este panorama, la nueva legislación establece que los recursos destinados a las políticas de discapacidad no podrán disminuir en términos reales respecto del ejercicio presupuestario anterior. También contempla que, si las partidas disponibles resultan insuficientes, podrán utilizarse fondos del Tesoro Nacional para cubrir las necesidades del sistema.

Cuándo comenzará a aplicarse la ley

Luego de su aprobación en el Senado, el proyecto deberá completar el procedimiento correspondiente para su promulgación y publicación en el Boletín Oficial. La entrada en vigencia se producirá a partir del día siguiente a su publicación.

El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 30 días hábiles desde esa publicación para reglamentar la normativa y establecer los mecanismos necesarios para su implementación. Entre las cuestiones que deberán definirse se encuentran los procedimientos administrativos y los criterios específicos para aplicar determinados aspectos del nuevo régimen.

Por otra parte, el Ministerio de Salud deberá difundir información periódica sobre la ejecución presupuestaria, los valores de las prestaciones y la cantidad de pensiones otorgadas, con el propósito de facilitar el seguimiento del funcionamiento del sistema.

La sanción unánime representa un acuerdo político entre los distintos espacios que integran el Congreso y constituye un nuevo capítulo en la discusión sobre las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad.

Sin embargo, la aprobación legislativa es apenas una parte del proceso. La implementación efectiva de las medidas, el cumplimiento de los plazos de pago y la disponibilidad de recursos suficientes serán aspectos determinantes para evaluar el impacto concreto de la nueva normativa.

Para las personas con discapacidad, sus familias, los profesionales y las instituciones que integran el sistema, el desafío será que las disposiciones aprobadas se traduzcan en mejores condiciones de acceso a derechos, continuidad de los tratamientos y mayor previsibilidad económica para sostener los servicios de atención en todo el país.

Créditos: prensa Senado

noviembre 20, 2026