Enrique Piñeyro obtuvo una resolución favorable en el marco de una extensa disputa judicial con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), anteriormente conocida como AFIP, por el pago del Aporte Solidario y Extraordinario establecido durante el gobierno de Alberto Fernández. Luego de que la Justicia reconociera su reclamo, el director de cine manifestó que destinará el dinero que logre recuperar a la Fundación Garrahan, con el objetivo de contribuir al funcionamiento del reconocido hospital pediátrico.
La controversia comenzó en 2021, cuando se implementó el denominado impuesto a las grandes fortunas mediante la Ley 27.605. La medida estableció una contribución extraordinaria para determinados patrimonios elevados, tanto por los bienes ubicados en Argentina como por aquellos radicados en el exterior.
En aquel momento, Piñeyro decidió cumplir con el pago exigido por el organismo recaudador, aunque paralelamente inició una acción judicial para que se determinara si realmente estaba obligado a tributar. Su planteo sostenía que la normativa no correspondía aplicarse a su situación particular y cuestionaba la interpretación que había realizado el fisco sobre su condición de residente fiscal argentino.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal terminó dándole la razón. De esta manera, revocó la decisión de primera instancia que había rechazado su presentación y ordenó avanzar con la devolución de las sumas abonadas que no correspondían, junto con los intereses respectivos.
El motivo por el que la Justicia falló a favor de Piñeyro
Uno de los aspectos centrales de la discusión estuvo relacionado con la residencia fiscal del cineasta. Piñeyro había trasladado su residencia permanente a España en abril de 2020, varios meses antes de que entrara en vigencia el aporte extraordinario.
Para respaldar su posición, presentó documentación que acreditaba su radicación en ese país, entre ella registros de residencia, un contrato de alquiler y constancias de inscripción ante las autoridades tributarias españolas. Además, la propia AFIP había registrado su baja como contribuyente residente argentino en mayo de 2020.
Sin embargo, el organismo recaudador consideró que debía tributar por la totalidad de su patrimonio debido a que todavía figuraba como residente argentino al 31 de diciembre de 2019.
La diferencia de criterios terminó en los tribunales. Los jueces entendieron que el cambio de residencia fiscal se había producido antes de la entrada en vigencia de la ley y que, por lo tanto, no correspondía exigirle el pago por los bienes que tenía en el exterior bajo aquella condición.
Es importante aclarar que la resolución no declaró inconstitucional el impuesto a las grandes fortunas en términos generales. El tribunal se concentró en las circunstancias particulares de Piñeyro y en la interpretación de las normas vinculadas con su residencia fiscal.
Cuánto dinero deberá devolverle ARCA
Tras conocerse la resolución, las primeras informaciones difundieron que la suma que recuperaría el empresario rondaría los 9.377 millones de pesos. Sin embargo, una publicación posterior de iProfesional precisó que el fallo reconoció aproximadamente 4.986 millones de pesos correspondientes al capital abonado y otros 131 millones en concepto de intereses resarcitorios.
La cifra definitiva y su actualización deberán determinarse conforme a los criterios correspondientes y al desarrollo del proceso judicial. En cualquier caso, se trata de una suma millonaria que Piñeyro aseguró que no tiene intención de conservar para beneficio personal.
La decisión de donar los fondos quedó documentada mediante una escritura pública, en la que formalizó su voluntad de entregar el dinero a la Fundación Garrahan una vez que se concrete la devolución.
No obstante, existe un obstáculo que podría demorar considerablemente la operación. ARCA tiene previsto recurrir el pronunciamiento ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras ese recurso se encuentre pendiente, la sentencia no estará firme y el organismo no deberá efectuar el reintegro.
Incluso si la resolución termina siendo confirmada, el cumplimiento de las condenas económicas contra el Estado nacional está sujeto a los procedimientos presupuestarios correspondientes.
Por qué eligió al Hospital Garrahan como destinatario de la donación
La elección de la Fundación Garrahan está relacionada con la situación que atraviesa el centro de salud y con la importancia que Piñeyro le atribuye al sistema público de atención pediátrica.
El hospital, ubicado en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, atravesó durante los últimos años un escenario de dificultades presupuestarias, reclamos salariales y conflictos con las autoridades nacionales. La falta de recursos, las necesidades de equipamiento y los problemas vinculados con los insumos y la infraestructura fueron algunos de los puntos que generaron preocupación entre sus trabajadores y distintos sectores de la sociedad.
El cineasta considera que una institución de estas características debería ocupar un lugar prioritario dentro de las políticas públicas, especialmente por la atención que brinda a niños y adolescentes de todo el país.
Al explicar su decisión, sostuvo que la situación del Garrahan representa una oportunidad para destinar recursos económicos a un sector que considera fundamental. También incluyó a la educación pública entre las áreas que deberían recibir mayor atención y financiamiento.
Para Piñeyro, garantizar el acceso a la salud, la vivienda, la alimentación y la educación desde la infancia constituye una responsabilidad central del Estado. En ese sentido, entiende que el hospital pediátrico debe ser protegido y fortalecido por su función social.
Las críticas de Enrique Piñeyro a los impuestos y los gobiernos
Más allá de la disputa judicial, Piñeyro aprovechó la repercusión del caso para volver a cuestionar la manera en que se administra la política tributaria en Argentina.
El empresario manifestó que sus críticas no están dirigidas exclusivamente a una administración determinada, sino que considera que distintos gobiernos recurrieron a medidas extraordinarias sin establecer un sistema fiscal estable y previsible.
Entre sus principales cuestionamientos mencionó las devaluaciones, la creación de nuevos tributos y los sucesivos programas de blanqueo de capitales. Según su mirada, estas herramientas terminan reemplazando la construcción de una política impositiva de largo plazo.
También recordó que cuando decidió llevar su reclamo a la Justicia recibió cuestionamientos de personas que consideraban que su objetivo era evitar el pago del impuesto. Frente a esas interpretaciones, explicó que su intención siempre fue discutir si legalmente correspondía que tributara bajo las condiciones establecidas por la normativa.
Piñeyro aclaró que está de acuerdo con que quienes poseen mayores recursos económicos realicen mayores aportes al sostenimiento del Estado. Sin embargo, diferenció esa postura de la aplicación de medidas excepcionales que, según considera, responden a necesidades financieras coyunturales y no a una planificación fiscal consistente.
En sus declaraciones también cuestionó la repetición de los blanqueos de capitales impulsados por distintas gestiones. Considera que estas iniciativas terminan favoreciendo a quienes mantienen recursos fuera del circuito formal, mientras que no resuelven los problemas estructurales del sistema tributario.
Su planteo apunta a que los ciudadanos puedan conocer con mayor claridad cómo se utilizan los recursos recaudados y exigir que tengan un impacto concreto en servicios esenciales.
Una donación millonaria que todavía deberá esperar
La decisión de Piñeyro de entregar el dinero a la Fundación Garrahan generó repercusión por el volumen de los fondos involucrados y por el destino que eligió para ellos.
Sin embargo, aunque la Cámara ya se pronunció a su favor, el conflicto judicial todavía no terminó. La apelación que presentará ARCA ante la Corte Suprema puede extender los plazos y retrasar la posibilidad de que el hospital reciba los recursos.
Por el momento, la donación depende de que el Estado concrete la devolución correspondiente y de que se resuelvan las instancias judiciales pendientes.
Mientras tanto, Piñeyro mantiene su postura sobre el destino que deberían tener los recursos públicos y sostiene que la salud y la educación deben ocupar un lugar prioritario en cualquier política económica.
Su decisión vuelve a poner en discusión no solamente el alcance de los impuestos extraordinarios, sino también el destino de los fondos estatales y la importancia de sostener instituciones públicas que cumplen un papel fundamental para la sociedad.
Créditos de la imagen a: Santiago Filipuzzi (La Nación)
