La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una nueva ley que modificará de manera significativa el acceso a la educación inicial. A partir de 2027, la asistencia a la sala de 3 años será obligatoria para los niños y niñas porteños, mientras que el Estado deberá garantizar progresivamente la posibilidad de acceder a establecimientos educativos públicos y gratuitos desde los 45 días de vida.
La iniciativa fue aprobada por unanimidad en el recinto y representa una ampliación de la escolaridad obligatoria vigente hasta el momento. Hasta ahora, la obligatoriedad educativa en la Ciudad comenzaba en la sala de 4 años, por lo que la nueva normativa incorpora un año más al recorrido obligatorio dentro del nivel inicial.
El proyecto había sido impulsado originalmente por la legisladora Manuela Thourte, quien había presentado una propuesta similar en 2024 y volvió a impulsar la discusión este año. Durante el tratamiento legislativo también se presentaron iniciativas de otros espacios políticos, lo que permitió alcanzar un consenso entre los distintos bloques y avanzar finalmente con la aprobación de la ley.
Uno de los principales objetivos de la nueva norma es ampliar las oportunidades de acceso a la educación desde los primeros años de vida. La obligatoriedad de la sala de 3 años implicará una responsabilidad compartida entre las familias y el Estado para garantizar la concurrencia de los niños al sistema educativo.
Al mismo tiempo, la ley establece el principio de universalidad para la educación inicial desde edades aún más tempranas. Esto significa que las familias que necesiten una vacante podrán solicitarla para sus hijos desde los 45 días de vida y el sistema educativo estatal deberá trabajar para garantizar una oferta pública y gratuita.
La implementación de esta política requerirá una adecuación de la actual red educativa porteña. El Poder Ejecutivo de la Ciudad será el encargado de realizar los cambios necesarios para ampliar la capacidad del sistema y garantizar que las familias que requieran una vacante puedan acceder a ella.
Además, la normativa prevé una reorganización territorial de la oferta educativa. Uno de los propósitos es reducir las desigualdades que actualmente existen entre los diferentes barrios y comunas de la Ciudad, con especial atención en aquellas zonas donde históricamente hubo mayores dificultades para acceder a vacantes en el nivel inicial.
La expansión de la red estatal tendrá entre sus prioridades reforzar la presencia de establecimientos educativos en los sectores donde la cobertura resulta insuficiente. En ese sentido, el sur de la Ciudad aparece como una de las áreas donde se buscará mejorar el acceso y equilibrar las oportunidades disponibles para las familias.
La nueva ley también propone avanzar en una reorganización de las distintas instituciones que actualmente integran el sistema de educación inicial. En la Ciudad existen diferentes modalidades, entre ellas jardines maternales, jardines comunes, jardines integrales, jardines nucleados y escuelas infantiles.
La intención es avanzar hacia una red más integrada de Escuelas Infantiles, permitiendo que las trayectorias educativas tengan una mayor continuidad desde las edades más tempranas. De esta manera, se busca ordenar la diversidad institucional existente y construir un sistema que acompañe el desarrollo de los niños durante las diferentes etapas del nivel inicial.
En cuanto a los contenidos pedagógicos, la norma contempla la importancia de trabajar diferentes áreas fundamentales para el desarrollo infantil. La educación inicial deberá promover la oralidad, los primeros procesos de alfabetización, la exploración de las ciencias, el juego, las actividades artísticas y la expresión corporal.
También se incluye la importancia del desarrollo físico y motriz, entendiendo que los primeros años de vida son fundamentales para la formación y el crecimiento de los niños. La propuesta apunta además a eliminar o reducir las barreras que puedan dificultar el acceso al aprendizaje.
Entre esas dificultades se encuentran los obstáculos sociales, físicos, lingüísticos y didácticos que pueden afectar la igualdad de oportunidades dentro del sistema educativo. La intención es que la ampliación de la escolaridad no sea solamente una cuestión de cantidad de vacantes, sino también una política orientada a garantizar una educación accesible para todos.
Otro de los aspectos contemplados en la ley es la situación de los niños y niñas que actualmente concurren a Centros de Primera Infancia o Centros de Desarrollo Infantil. La normativa establece mecanismos para asegurar la continuidad de sus trayectorias educativas y respetar las modalidades horarias elegidas por cada familia.
Los organismos involucrados tendrán un plazo de 180 días desde la entrada en vigencia de la normativa para avanzar con las medidas necesarias para poner en funcionamiento las modificaciones previstas.
La ley también incorpora herramientas destinadas a brindar una mayor transparencia en el sistema de asignación de vacantes. Entre otras medidas, se prevé la publicación anual de información relacionada con los resultados de la inscripción escolar.
Estos datos deberán permitir conocer cómo fueron distribuidas las vacantes de acuerdo con las prioridades establecidas por las familias y cómo se encuentra la cobertura en cada una de las comunas de la Ciudad.
La ampliación de la educación inicial se produce, además, en un contexto de importantes cambios demográficos. Uno de los fundamentos utilizados para impulsar la ley está relacionado con la caída sostenida de los nacimientos en la Ciudad de Buenos Aires durante la última década.
De acuerdo con los datos incluidos en el proyecto, entre 2014 y 2024 la cantidad anual de nacimientos se redujo de aproximadamente 42.700 a 21.400. Esto representa una disminución cercana al 50 por ciento en diez años.
La baja en la natalidad también se refleja en la cantidad de alumnos que integran las diferentes salas del nivel inicial. La matrícula de sala de 5 años, por ejemplo, pasó de alrededor de 40 mil estudiantes en 2015 a unos 30 mil en 2024.
Las proyecciones oficiales estiman que esta cifra podría continuar descendiendo y acercarse a los 20 mil alumnos hacia 2030. Esta situación permitiría al sistema educativo reorganizar sus recursos y ampliar progresivamente la cobertura para niños de menor edad.
Actualmente, la asistencia a la sala de 3 años ya alcanza niveles elevados. Según estimaciones basadas en datos del Censo 2022 y de la Encuesta Anual de Hogares, más del 88 por ciento de los niños de esa edad ya asiste a establecimientos educativos.
Si se incorporan también los niños que concurren a Centros de Primera Infancia, la cobertura supera el 91 por ciento. Sin embargo, todavía existen diferencias entre los distintos sectores de la Ciudad y familias que enfrentan dificultades para acceder a una vacante.
La situación es diferente en la sala de 2 años, donde la cobertura es menor y alcanza aproximadamente al 64 por ciento de los niños. Por este motivo, la nueva normativa también apunta a ampliar gradualmente la oferta para las edades más tempranas.
Con la aprobación de esta ley, la Ciudad de Buenos Aires avanzará hacia un modelo que busca ampliar la presencia del Estado en la educación durante los primeros años de vida y garantizar una mayor igualdad en el acceso al sistema educativo.
La obligatoriedad de la sala de 3 años comenzará a aplicarse a partir de 2027 y convertirá a la Ciudad en una de las jurisdicciones pioneras del país en extender la escolaridad obligatoria a esa edad.
La medida representa una transformación importante dentro del nivel inicial y abre una nueva etapa para la organización de las vacantes, la distribución territorial de las instituciones y la planificación educativa de los próximos años.
El desafío ahora estará centrado en la implementación. La Ciudad deberá adaptar su infraestructura, ampliar la disponibilidad de vacantes y organizar los recursos necesarios para que la obligatoriedad establecida por la ley pueda traducirse efectivamente en un acceso garantizado para todas las familias.
La nueva normativa plantea, en definitiva, una expansión del derecho a la educación desde los primeros años y coloca a la educación inicial como una de las áreas centrales de las futuras políticas educativas porteñas.
