Las empresas de colectivos que operan las líneas de jurisdicción nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anunciaron que comenzarán a reducir la cantidad de servicios disponibles para los pasajeros. La decisión responde al deterioro de la situación económica del sector y a la falta de respuestas concretas a los reclamos presentados ante las autoridades nacionales por la actualización de los ingresos destinados a sostener el sistema de transporte público.
La medida alcanzará a 104 líneas que unen distintos puntos de la provincia de Buenos Aires con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De acuerdo con lo informado por las cámaras empresarias, la reducción se implementará de manera gradual y comenzará durante la noche, cuando la demanda de pasajeros suele ser menor.
Marcelo Paciutto, director de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), explicó en declaraciones a Somos Radio AM 530 que la primera etapa contempla una disminución del 50% de las frecuencias entre las 22 y las 5. El dirigente advirtió que la decisión está relacionada con el desfasaje financiero que las compañías aseguran afrontar desde hace varios meses.
La modificación podría generar mayores tiempos de espera para quienes utilizan el colectivo para regresar a sus hogares, trasladarse al trabajo o realizar otras actividades durante la noche y la madrugada. Por el momento, las empresas plantean una reducción progresiva, aunque el alcance de eventuales nuevas restricciones dependerá de la evolución de las negociaciones con el Gobierno.
El reclamo por una diferencia de $40.000 millones
Uno de los principales motivos de la disputa es la diferencia entre los ingresos que las autoridades habían calculado para el sistema y los montos que, según las compañías, finalmente recibieron.
Paciutto sostuvo que las proyecciones oficiales contemplaban una recaudación de aproximadamente $280.000 millones para el período comprendido entre junio y octubre. Sin embargo, las empresas habrían percibido alrededor de $240.000 millones. La brecha entre ambas cifras asciende a $40.000 millones, un faltante que las entidades consideran determinante para explicar las dificultades actuales.
Desde el sector señalaron que todavía no cuentan con un cronograma definido para recuperar esos recursos. Según el representante de CETUBA, el problema se mantiene desde junio y las consultas sobre una posible cancelación de la deuda, incluso mediante pagos distribuidos en cuotas, no obtuvieron una fecha concreta.
Las cámaras empresarias atribuyen parte de la diferencia a una cantidad de viajes inferior a la prevista o a errores en los cálculos utilizados para estimar los ingresos. En ese contexto, reclaman que se revisen los parámetros económicos que determinan cuánto dinero recibe el sistema y que se establezcan mecanismos de actualización acordes con los gastos reales de funcionamiento.
A la falta de fondos se suman otros compromisos financieros que las compañías deben afrontar, entre ellos el pago de aguinaldos, las próximas negociaciones salariales y los costos cotidianos necesarios para mantener los vehículos en circulación.
Las cámaras empresarias advierten sobre la situación del sistema
El anuncio fue respaldado por cuatro organizaciones del transporte automotor: la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la CETUBA, la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA).
A través de un comunicado conjunto, las entidades reclamaron una recomposición de los ingresos y cuestionaron que todavía no se hayan definido medidas concretas para actualizar los costos reconocidos ni las compensaciones correspondientes.
Según las compañías, la restricción de frecuencias busca administrar los recursos disponibles y evitar que la crisis financiera desemboque en una interrupción generalizada de los servicios. El planteo empresarial apunta a conseguir una respuesta que permita sostener la actividad sin profundizar las dificultades económicas.
Las empresas también objetaron la forma en que se reconocen determinados gastos vinculados con la operación. Entre ellos mencionaron la adquisición de nuevos colectivos, las tareas de administración y gerenciamiento y otros desembolsos indispensables para garantizar las prestaciones.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con los indicadores utilizados para evaluar el funcionamiento de las compañías. Desde el sector sostienen que algunos criterios pueden generar penalizaciones vinculadas con la antigüedad de los vehículos, aun cuando las dificultades económicas que denuncian limitan las posibilidades de renovar las unidades.
Menos pasajeros y una flota más reducida
Los datos difundidos en el relevamiento sectorial muestran una disminución tanto en la cantidad de pasajeros transportados como en el número de colectivos activos.
Durante septiembre de 2026, el sistema registró 200,9 millones de pasajeros, frente a los 225,379 millones contabilizados en el mismo mes de 2025. La diferencia representa una caída interanual del 10,88%.
La cantidad de unidades en funcionamiento también se redujo. Mientras que en septiembre del año pasado había 17.310 colectivos activos, este año el número descendió a 16.700, lo que equivale a una baja del 3,52%.
Estas cifras se incorporan al argumento de las empresas, que describen un escenario de menores ingresos y dificultades para cubrir los gastos de explotación. La reducción de la flota, además, representa un factor relevante para la capacidad de respuesta del sistema frente a la demanda de los usuarios.
Cuánto cuesta mantener el servicio y qué reclaman las empresas
La discusión también está relacionada con la diferencia entre el costo de funcionamiento del transporte y los recursos que se reconocen para cubrirlo.
El Índice Bondi, elaborado por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), calculó que el costo real de operar el sistema durante septiembre alcanzó los $453.495,79 millones. En cambio, las estructuras de costos oficiales reconocieron $361.692,50 millones. De acuerdo con esas estimaciones, la diferencia entre ambos valores fue de $91.803,29 millones durante ese mes.
El mismo indicador estimó que el boleto debería costar $2.494,13 para cubrir los gastos del sistema sin asistencia estatal. Según el cálculo de la entidad, la tarifa vigente cubría el 33,91% de los costos, mientras que el déficit por pasajero se ubicaba en $456,92.
Las cifras forman parte de los argumentos que las cámaras utilizan para reclamar una revisión de las condiciones económicas bajo las cuales funcionan las líneas nacionales. El sector sostiene que la tarifa y las compensaciones deben contemplar de manera más adecuada los gastos necesarios para prestar el servicio.
Paciutto también comparó los valores del boleto mínimo entre las distintas jurisdicciones. Según señaló, la tarifa mínima nacional era de $742, mientras que en la provincia de Buenos Aires alcanzaba los $1.215 y en la Ciudad de Buenos Aires se ubicaba en $920.
El dirigente consideró que existe una diferencia entre los ingresos disponibles para las líneas nacionales y los que reciben otros servicios, pese a que pueden compartir zonas de circulación y transportar pasajeros con necesidades similares. Por eso, reclamó que se equiparen las condiciones tarifarias y cuestionó que el sostenimiento de una tarifa menor recaiga sobre las empresas que operan las 7.500 unidades de jurisdicción nacional.
Qué líneas podrían verse afectadas
La restricción anunciada comprende 104 líneas de jurisdicción nacional que conectan la Ciudad de Buenos Aires con diferentes localidades del conurbano bonaerense. Entre las líneas incluidas en el esquema se encuentran las siguientes:
1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.
La reducción inicial está prevista para la franja horaria comprendida entre las 22 y las 5, aunque las compañías advirtieron que el esquema podría modificarse en función de las respuestas que reciban a sus planteos.
Preocupación por el impacto en los pasajeros
Las empresas reconocieron que una disminución de las frecuencias tendrá consecuencias para los millones de usuarios que dependen diariamente del transporte público en el AMBA. Una menor cantidad de colectivos en circulación durante la noche puede traducirse en esperas más prolongadas y mayores dificultades para organizar los viajes, especialmente para quienes trabajan en horarios nocturnos o regresan tarde a sus hogares.
En el comunicado conjunto, las cámaras empresarias manifestaron su preocupación por los inconvenientes que podría ocasionar la medida y pidieron disculpas a los pasajeros por las dificultades que puedan presentarse.
El conflicto deja planteado un escenario de negociación entre las empresas y las autoridades nacionales. Mientras las compañías reclaman una actualización de los ingresos y una solución para las diferencias acumuladas desde junio, los usuarios quedan expuestos a posibles modificaciones en la regularidad del servicio.
Por ahora, el anuncio contempla una primera reducción del 50% de las frecuencias nocturnas en las líneas nacionales involucradas. La evolución de la medida dependerá de las decisiones que adopten las partes para resolver el desfasaje financiero y garantizar la continuidad del transporte público en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
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