En medio de las medidas que ha tomado el Gobierno de Javier Milei, los representantes de las 73 universidades públicas integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocaron a una «Gran Marcha Universitaria» a Plaza de Mayo para el martes 23 de abril en defensa de la educación y el sistema universitario.
La decisión de convocar a la manifestación fue tomada por unanimidad este miércoles luego de que se realizara el 91º Plenario de Rectoras y Rectoras del CIN, quienes advirtieron que la «situación económica financiera que atraviesa el sistema universitario público es grave» y se necesita la respuesta urgente de los poderes del Estado nacional.
«Las universidades nacionales hemos dialogado con distintos representantes de Poder Ejecutivo en estos primeros cien días de gobierno y planteamos en detalle la compleja situación del sistema«. explicaron las autoridades universitarias a través de un comunicado.
En esa línea, señalaron que en febrero aprobaron una declaración manifestando «preocupación por la falta de acuerdos paritarias en desmedro del poder adquisitivo de nuestros trabajadores, por el deterioro del sistema científico, tecnológico y de innovación; las suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución; la abrumadora falta de actualización de los gastos de funcionamiento y la no renovación del los sistemas nacionales de becas«.
En ese sentido, añadieron: «Con solo nombrar esas dificultades que afrontamos podemos sintetizar la profundidad de la crisis. A ello sumamos nuestra preocupación por la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID)«, que fue dado de baja por la Administración libertaria y forma parte del salario docente.
Clases publicas en la Facultad de Filosofía y Letras.
Las autoridades de la UNSAM (Universidad Nacional de San Martín) expresaron que la sociedad argentina tiene una alta valoración de sus universidades públicas en todo el país «no solo por su tarea de formación» sino también por su «tarea en la construcción del conocimiento, por la transferencia al mundo de la producción y del trabajo y por las tareas de extensión y solidaridad con los sectores más postergados».
«Se trata de la defensa de la sociedad argentina en su conjunto, que sí quiere resolver sus problemas estructurales, debe priorizar la educación pública que nos iguala y hace libres, la formación universitaria de excelencia y la inversión en ciencia y tecnología y, consecuentemente, jerarquizar su asignación presupuestaria«, sostuvieron en el escrito.
Por último, pidieron a la sociedad en general que se sume al reclamo para defender el derecho acceder a la educación pública superior de excelencia, no arancelada y con ingreso libre y que cualquier acuerdo a nivel nacional priorice la cuestión educativa.
