El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires implementó un nuevo criterio para abordar los daños intencionales que se produzcan dentro de las escuelas. A partir de esta disposición, los establecimientos educativos deberán asumir la reparación de situaciones como pintadas en paredes, rotura de bancos, puertas dañadas y otros deterioros provocados deliberadamente por integrantes de la comunidad estudiantil, siempre que esos desperfectos no representen un peligro inmediato para alumnos, docentes o trabajadores.
La modificación forma parte de un nuevo marco orientado a promover una mayor cultura del cuidado dentro de los establecimientos educativos. Hasta el momento, el Gobierno de la Ciudad absorbía los costos de reparación de los daños producidos en las escuelas sin realizar una diferenciación entre el origen de los deterioros. Con la nueva modalidad, esa responsabilidad cambiará en determinados casos y serán las propias instituciones, a través de sus equipos directivos y cooperadoras, las que deberán analizar de qué manera solucionar los problemas ocasionados.
La medida no implica que los estudiantes deban pagar personalmente por cada banco roto, pared pintada o puerta dañada. Sin embargo, el costo de las reparaciones dejará de ser asumido automáticamente por el Ministerio de Educación cuando se trate de daños intencionales que no requieran una intervención urgente. En esos casos, cada escuela deberá elaborar una estrategia para recuperar o reparar los espacios afectados.
Entre las alternativas previstas se encuentra la posibilidad de utilizar recursos administrados por las propias instituciones o por las cooperadoras escolares. De esta manera, fondos que habitualmente estaban destinados a diferentes necesidades cotidianas de los establecimientos podrían ser utilizados también para afrontar los gastos generados por actos de vandalismo o deterioros provocados de manera deliberada.
Las escuelas cuentan con distintas fuentes de financiamiento para sus gastos habituales. Una parte de esos recursos proviene del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que otra se encuentra vinculada al Fondo Único Descentralizado de Educación, conocido como FUDE, que funciona en articulación con las cooperadoras. El cambio introducido por el nuevo protocolo modifica la lógica anterior, ya que ahora esos recursos podrían utilizarse para resolver daños que hasta el momento eran reparados directamente por el Gobierno porteño.
No obstante, la normativa establece una diferencia fundamental entre los distintos tipos de desperfectos. Cuando el deterioro de una instalación pueda generar un riesgo para la seguridad de quienes concurren a la escuela, la intervención continuará estando a cargo del Ministerio de Educación. Es decir, aquellas situaciones que representen un peligro inmediato para estudiantes, docentes o trabajadores deberán ser atendidas con prioridad y no quedarán bajo la responsabilidad económica de las instituciones.
La nueva política apunta exclusivamente a aquellos daños provocados de manera intencional que no comprometan la seguridad de la comunidad educativa. La intención oficial es que las escuelas puedan desarrollar una mayor conciencia colectiva sobre el cuidado de los espacios compartidos y que el mantenimiento de las instalaciones sea entendido como una responsabilidad que involucra a toda la comunidad.
El marco fue elaborado a partir de un diagnóstico realizado en conjunto entre la Universidad de San Andrés y el Ministerio de Educación porteño. El estudio analizó las conductas y actitudes relacionadas con el cuidado de la infraestructura escolar y contó con la participación de 3.000 estudiantes que cursaban entre primero y tercer año del nivel secundario. La investigación incluyó a 42 escuelas ubicadas en las distintas comunas de la Ciudad de Buenos Aires.
Entre las conclusiones alcanzadas durante el relevamiento se destacó la relación existente entre el clima institucional y el estado de conservación de los establecimientos. Según los resultados, en aquellas escuelas donde existe un mayor nivel de respeto entre los integrantes de la comunidad educativa también se registra una menor cantidad de daños sobre las instalaciones.
El estudio también identificó un fenómeno de influencia entre los propios estudiantes. Cuando los alumnos observan que sus compañeros mantienen una actitud responsable y cuidan los espacios comunes, aumenta la predisposición individual a hacer lo mismo. Desde esta perspectiva, la conducta de cada integrante de la escuela puede influir directamente en el comportamiento general y contribuir a generar una cultura de mayor responsabilidad.
La iniciativa alcanzará a todos los niveles y modalidades del sistema educativo porteño, tanto en instituciones de gestión estatal como privada. Además de establecer cambios en la manera de afrontar económicamente determinados daños, el nuevo marco incluye una serie de propuestas destinadas a fomentar el sentido de pertenencia de los estudiantes hacia las escuelas.
Entre las iniciativas previstas aparece la figura de los llamados “Embajadores del cuidado”. El objetivo de esta propuesta es que los distintos cursos puedan asumir, de manera rotativa, la responsabilidad de observar y colaborar en el mantenimiento de determinados sectores del establecimiento.
También se propone reservar los últimos minutos de algunas jornadas o clases para ordenar y cuidar los espacios utilizados. La idea es incorporar estas prácticas a la rutina escolar para que el cuidado del aula, los patios y otros sectores no sea visto únicamente como una obligación del personal de limpieza o de las autoridades, sino como una tarea compartida por quienes utilizan diariamente esos lugares.
Otra de las propuestas contempla la realización de murales elaborados por los propios estudiantes en paredes que hayan sido objeto de actos de vandalismo. De esta forma, se busca recuperar los espacios deteriorados y, al mismo tiempo, generar una mayor identificación de los alumnos con el lugar que comparten.
El nuevo esquema también plantea la creación y mantenimiento de huertas escolares y jardines destinados a favorecer la presencia de polinizadores. Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia para que los estudiantes se involucren en el cuidado y la recuperación de los espacios verdes dentro de los establecimientos educativos.
Para mantener estas políticas en el tiempo, cada institución podrá desarrollar campañas de concientización junto con los alumnos. El marco propone, además, la utilización de indicadores visibles relacionados con el cuidado de los espacios, como la cantidad de aulas que permanecen ordenadas al finalizar la jornada o el porcentaje de residuos correctamente separados.
Las escuelas también podrán establecer acuerdos de cuidado elaborados de manera conjunta entre estudiantes, docentes y autoridades. La participación de los alumnos en la elaboración de estas normas busca que las reglas no sean percibidas únicamente como una imposición externa, sino como compromisos construidos dentro de la propia comunidad educativa.
Otra de las figuras incorporadas es la de los “Anfitriones de una nueva cultura”, un sistema de acompañamiento entre pares destinado especialmente a quienes ingresan por primera vez a una institución. La propuesta busca facilitar la integración de los nuevos estudiantes y transmitir desde el comienzo las prácticas y valores vinculados con el respeto y el cuidado de los espacios compartidos.
La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Mercedes Miguel, sostuvo que el mantenimiento del orden y la limpieza debe ser una responsabilidad compartida por toda la comunidad educativa. Desde el Gobierno porteño consideran que los hábitos relacionados con el cuidado de los espacios suelen estar más presentes durante los primeros años de escolaridad y pueden debilitarse a medida que los alumnos avanzan en su trayectoria educativa, especialmente durante la adolescencia.
La iniciativa también incorpora medidas vinculadas con la gestión de residuos dentro de las escuelas. Cada establecimiento deberá avanzar en la implementación de un Plan Institucional de Gestión Integral de Residuos, que incluirá la designación de una persona responsable de coordinar estas políticas, la instalación de equipamiento para la correcta separación de los desechos y la creación de comités ambientales.
Estos comités podrán estar integrados por directivos, docentes, estudiantes y familias y tendrán entre sus funciones la realización de evaluaciones periódicas y campañas de concientización. El plan contempla diferentes tipos de residuos, desde materiales reciclables como papel, plástico, vidrio y metales, hasta residuos orgánicos que puedan destinarse al compostaje.
También se prevén mecanismos específicos para otros materiales generados dentro de las instituciones, como aparatos eléctricos y electrónicos en desuso, mobiliario descartado, restos de obras o podas, aceite vegetal utilizado y residuos provenientes de talleres o laboratorios.
Con esta nueva política, el Gobierno de la Ciudad busca modificar la manera en que se entiende el mantenimiento de los establecimientos educativos y promover una mayor participación de toda la comunidad en el cuidado de las escuelas. El cambio establece, al mismo tiempo, una nueva responsabilidad para las instituciones frente a los daños intencionales que no representen un riesgo urgente y abre un debate sobre la utilización de los recursos disponibles para afrontar las reparaciones.
La medida propone que el cuidado de la escuela trascienda las tareas de mantenimiento y se convierta en parte de la formación cotidiana de los estudiantes. Bajo esta mirada, el estado de un aula, una pared, un banco o un patio no depende únicamente de quienes deben repararlos, sino también de la conducta de quienes utilizan esos espacios todos los días.
