El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a modificar el sistema de disposición de residuos que había puesto en marcha apenas un año atrás y volvió a instalar contenedores tradicionales en determinados sectores de la Capital. El cambio comenzó a aplicarse de manera experimental en Recoleta, particularmente en zonas de alta circulación y en áreas donde se concentra una importante actividad gastronómica.
La decisión implica una revisión de una medida que había sido presentada durante 2025 como una herramienta destinada a mejorar la higiene urbana y evitar que los residuos fueran retirados de los contenedores o que se incorporaran elementos que no correspondían. Durante ese período, la administración porteña había avanzado con la colocación de miles de unidades con un diseño especial, pensado para impedir el acceso directo al contenido.
Según explicaron fuentes del gobierno porteño, el motivo principal del cambio actual está relacionado con la capacidad disponible. Las autoridades consideran necesario disponer de recipientes con mayor espacio para poder almacenar las bolsas de residuos durante el día, especialmente a partir del refuerzo de los controles sobre el horario permitido para sacar la basura, establecido entre las 19 y las 21.
La modificación no supone, por ahora, el retiro generalizado de todos los contenedores antivandálicos instalados en la Ciudad. Se trata de una prueba que comenzó en algunos puntos específicos y que forma parte de una serie de modificaciones que las autoridades vienen evaluando en materia de limpieza urbana. Desde la administración explicaron que se están analizando distintas alternativas y herramientas para determinar cuál resulta más adecuada según las características de cada lugar.
El sistema antivandálico había comenzado a implementarse a principios de 2025. En aquel momento, el gobierno de Jorge Macri inició una etapa de prueba con un primer dispositivo instalado en Retiro, en la esquina de Basavilbaso y Juncal. El objetivo era posteriormente llevar el modelo a aquellos sectores identificados por la administración como lugares donde se producían de manera recurrente problemas vinculados con residuos desparramados y la manipulación de los contenedores.
La característica principal de estos recipientes se encuentra en su mecanismo de apertura. En lugar de contar con una tapa convencional que permite acceder directamente al interior, incorporan una abertura semejante a un buzón. El usuario introduce la bolsa por ese espacio y un sistema con resorte permite que el residuo caiga hacia el interior. Una vez que se libera la abertura, esta vuelve a cerrarse, dificultando que otra persona pueda introducir las manos o retirar elementos desde adentro.
Con ese mecanismo, las autoridades buscaban reducir determinadas prácticas que consideraban perjudiciales para la higiene de las calles. Entre ellas se encontraba la extracción de residuos de los contenedores, además del depósito de objetos voluminosos que no debían ser arrojados allí.
La propuesta, sin embargo, también generó cuestionamientos desde el momento de su instalación. Algunos vecinos señalaron dificultades relacionadas con el tamaño de la abertura y con el funcionamiento de las tapas. Los reclamos se hicieron más notorios a medida que el sistema comenzó a extenderse por distintos barrios.
Uno de los problemas mencionados estuvo relacionado con las bolsas grandes. Según testimonios recogidos en la zona, determinados residuos podían resultar difíciles de introducir por la abertura, especialmente cuando se trataba de bolsas de consorcio de gran tamaño. En algunos casos, los encargados de edificios señalaron que debían ejercer presión para lograr colocarlas y que eso podía provocar que se rompieran antes de llegar al interior.
También fueron señalados inconvenientes vinculados con el mecanismo de apertura. Vecinos y trabajadores encargados de edificios describieron situaciones en las que las bolsas quedaban atascadas y era necesario esperar la intervención del servicio correspondiente para solucionar el problema.
La cuestión de la capacidad adquiere ahora especial relevancia. A diferencia de los dispositivos tradicionales, el sistema de abertura reducida limita la forma en que pueden depositarse determinados residuos. Por eso, la Ciudad considera que en algunos puntos de alta generación de basura resulta conveniente contar nuevamente con recipientes que permitan almacenar una mayor cantidad de residuos antes de su recolección.
La administración porteña había instalado durante 2025 cerca de 7000 contenedores antivandálicos en distintos puntos considerados críticos. Sin embargo, actualmente no se informó públicamente cuántas unidades fueron retiradas ni qué cantidad será reemplazada por los modelos tradicionales.
El cambio también abre un interrogante sobre los recursos utilizados para poner en funcionamiento el sistema y sobre el costo de modificarlo nuevamente. Para instalar los dispositivos antivandálicos fue necesario adaptar las tapas de los contenedores existentes. En algunos casos, el proceso que se está realizando actualmente implica volver a colocar los mecanismos anteriores, mientras que en otros puede ser necesario incorporar nuevas unidades.
Consultadas sobre el costo de esta modificación, fuentes del gobierno porteño señalaron que no fue necesario crear una partida presupuestaria específica. Según explicaron, los gastos fueron absorbidos dentro del presupuesto general de la Ciudad. No obstante, la administración no brindó precisiones sobre cuánto dinero fue destinado originalmente a la instalación de los dispositivos ni sobre el costo acumulado de los cambios que se están realizando.
La discusión sobre los contenedores se produce, además, en un contexto de creciente atención sobre el estado de la limpieza en distintos barrios porteños. Los reclamos relacionados con residuos, higiene y mantenimiento del espacio público se encuentran entre las demandas que recibe la administración de la Ciudad.
Datos del Sistema Único de Atención Ciudadana, procesados por LN Data, muestran que durante el período comprendido entre enero de 2025 y enero de 2026 hubo diferencias importantes entre los barrios en cuanto a la cantidad de reclamos vinculados con higiene en relación con su población. San Nicolás registró 460 pedidos cada 1000 habitantes, seguido por Nueva Pompeya, con 425; Colegiales, con 391; Agronomía, con 331; y Parque Chas, con 305.
En paralelo, el gobierno porteño comenzó a reforzar el cumplimiento de las normas relacionadas con la disposición de residuos. La regla vigente establece que las bolsas deben ser colocadas en los contenedores dentro del horario establecido, entre las 19 y las 21. En los últimos tiempos también se avanzó con controles y sanciones dirigidos a comercios y consorcios que incumplen las disposiciones.
La administración utiliza cartelería colocada junto a los contenedores para recordar a los vecinos cuál es el horario permitido para sacar la basura. El objetivo es evitar que los residuos permanezcan durante varias horas en la vía pública y reducir situaciones que puedan contribuir a la acumulación de basura alrededor de los recipientes.
La modificación del sistema debe analizarse también dentro de un proceso más amplio de cambios en la gestión de los residuos de la Ciudad. La responsabilidad sobre los contenedores fue modificándose a lo largo de los años a partir de distintos contratos y acuerdos con las empresas encargadas de la recolección.
El contrato original para el servicio de recolección fue establecido mediante la Licitación Pública Nacional e Internacional N.º 997/2013. En aquel esquema, las empresas concesionarias debían ocuparse de proveer, reemplazar y mantener los contenedores con sus propios recursos, mientras que el gobierno porteño entregaba determinadas unidades disponibles sin costo adicional.
Posteriormente, en 2014, la Legislatura aprobó la Ley 5015, mediante la cual se autorizó al Poder Ejecutivo porteño a otorgar un anticipo financiero superior a $1300 millones a las empresas adjudicatarias para la adquisición de equipamiento y bienes de capital. Ese mismo año se firmaron acuerdos que establecieron mecanismos para la compra de determinados contenedores y el posterior reconocimiento de esos gastos por parte del gobierno.
La situación volvió a modificarse en 2021. En octubre de ese año, la administración porteña adelantó la firma de las prórrogas de los contratos de recolección, que extendieron su vigencia hasta 2028. Entre las modificaciones se estableció que la reposición de los contenedores quedaría bajo responsabilidad directa de la Ciudad.
Actualmente, Buenos Aires cuenta con más de 33.000 contenedores. De ese total, alrededor de 28.456 corresponden a los recipientes negros y grises destinados a residuos comunes, mientras que otros 4589 son verdes y están destinados específicamente a materiales reciclables.
La política de higiene urbana también experimentó cambios administrativos durante este año. En marzo, en medio de los reclamos relacionados con la suciedad y los olores en diferentes puntos de la Ciudad, la Secretaría de Higiene pasó a depender de la Jefatura de Gabinete porteña, bajo la conducción de Gabriel Sánchez Zinny.
De esta manera, el reemplazo de algunos contenedores antivandálicos por modelos tradicionales se suma a una serie de modificaciones que la Ciudad viene implementando para intentar responder a los problemas vinculados con la disposición de residuos. Por el momento, el cambio se mantiene como una experiencia localizada y no existe una confirmación oficial de que todos los dispositivos antivandálicos vayan a ser retirados.
La decisión marca, de todos modos, un giro respecto del plan iniciado en 2025. Aquella estrategia había apostado por un diseño que limitaba el acceso al contenido de los recipientes y buscaba reducir la manipulación de las bolsas. Poco más de un año después, las autoridades comenzaron a recuperar el modelo tradicional en determinados lugares debido, principalmente, a la necesidad de disponer de una mayor capacidad de almacenamiento.
El resultado de esta prueba será determinante para definir si el regreso de los contenedores convencionales queda limitado a determinados puntos de la Ciudad o si, por el contrario, se extiende a otros sectores donde los dispositivos antivandálicos también presenten dificultades de capacidad o funcionamiento. Mientras tanto, el gobierno porteño continúa evaluando distintas alternativas dentro de una política de higiene urbana que en los últimos meses quedó en el centro de numerosos reclamos vecinales.
Créditos de la imagen a: GCBA
